Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – A poco más de un año que se diera a conocer un fraude inmobiliario a través de demandas laborales en los que están señalados el dirigente del partido Verde Ecologista, Luis Pablo Bustamante Beltrán y tres personas más que simularon ser empleados de Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portilla Navarro, confirmó que los tres predios en litigio se encuentran en proceso de remate mientras que las carpetas de investigación, interpuestas por los bancos afectados, se encuentran en proceso ante la Fiscalía General del Estado.
Confirmó que los afectados interpusieron amparos.
Dijo que las demandas laborales se encontraban radicadas en Cozumel por lo que la presidenta de la Junta se excusó de tener conocimiento del mismo y los radicó en la Junta especial número 3 de Cancún.
Aclaró que como autoridad administrativa, la Secretaría del trabajo da seguimiento al caso aunque es la FGE la responsable de avanzar con la integración de las carpetas de investigación.
Reiteró que los predios en litigio se encuentran en vías de remate mientras que las carpetas de investigación interpuestas por los bancos afectados siguen su curso
Confirmó que los involucrados se encuentran amparados.
Será hasta que se resuelvan la carpetas de investigación que se encuentran en la FGE y se dictamine respecto a los amparo interpuestos por los afectados entonces la junta de conciliación estaría hablando de la ejecución de sentencia.
Portilla Navarro reiteró que como autoridad administrativa es respetuosa de la autoridad jurisdiccional.
Cabe recordar que en junio del 2021, a través de una investigación, la agencia Latinus dio a conocer una demanda laboral interpuesta el 18 de agosto de 2015 por Bustamante Beltrán, José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, contra Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos, y así embargar varias propiedades de ellos antes de que las pierdan ante los bancos.
La presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Tereza de Jesús Ku Pat, falló a favor de los trabajadores que pedían indemnización completa de tres meses, prima vacacional, salarios caídos, prima de antigüedad y hasta reparto de utilidades y aguinaldos y ordenó que se cumplieran todos sus reclamos por un monto total superior a los 10 millones de pesos.
El pago se realizó a través de un departamento ubicado en el complejo de lujo Maioris Tower, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún con un valor de 13 millones de pesos en 2015, cantidad mayor a lo que supuestamente adeudaba a los empleados “sobrepagados”.
De acuerdo con el reporte, cuando el banco Sabadell dejó de percibir los pagos del crédito de la propiedad, acudió al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, para inmovilizar el inmueble millonario y así cobrar el adeudo que tenía la empresaria pero ya le pertenencia a los supuestos empleados en complicidad con la Junta Laboral, el Registro Público y la Notaría Pública de Cozumel.
Otros trabajadores Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, también interpusieron demanda laboral ante la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) de Cozumel en 2015 contra Erika García Deister por despido injustificado y pidieron completa indemnización. En consecuencia, obtuvieron un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista, El Table, Cancún”.
El reportaje señala que luego de haber ganado la demanda, en 2018, Jorge David Segura Rodríguez, vino a constituir la empresa Xolos Transfer, S.A. de C.V. en sociedad con Gustavo Miranda, Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba.
Mónica Adriana Melendez Martinez también interpuso demanda laboral ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015 y cuyo reclamo logró apropiarse de un departamento de lujo en la Emerald Residential Tower & Spa, con valor de 30 millones de pesos. (Noticaribe)