Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – A nueve días del cambio de gobierno, el ex gobernador Carlos Joaquín González y los ex secretarios de Gobierno, de Seguridad de Pública y del Trabajo y Previsión Social no han presentado solicitud para seguir contando con el servicio de escoltas que, de acuerdo con la ley, es con cargo al erario público.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, indicó que están haciendo el concentrado de personal de seguridad, así como de los vehículos blindados de los que disponían los ex funcionarios durante su encomienda.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, su esposa Gabriela Rejón y sus hijos cuentan en forma automática con el servicio de escoltas al término de su mandato por un período, de acuerdo con el artículo 53 de la citada ley, igual al tiempo en el que estuvo en el cargo, prorrogable por un término igual, en tanto el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad.
El artículo 54 establece que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos no será mayor de la mitad de los que contaban mientras desempeñaron el encargo.
Los miembros de las escoltas y recursos materiales que les sean asignados, únicamente podrán destinarse a funciones de protección, seguridad, custodia y vigilancia de las personas a la que se le haya asignado en términos del presente capitulo
Además, el artículo 52 establece que tendrá derecho a continuar con la protección, cualquier otro ex servidor público del Poder Ejecutivo y Judicial que, en razón de los servicios prestados en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia o en la Secretaría de Gobierno y que por sus funciones estrechamente vinculadas a los servicios citados anteriormente, dentro de la administración pública del Estado y que tenga la necesidad de ser protegido, previa solicitud que formule al Comité de Autorización respectivo, a más tarda en los quince días naturales posteriores a la conclusión del encargo.
La respuesta y en su caso, el otorgamiento de la protección, deberá producirse dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud de mérito.
Además, en el presupuesto del Poder Ejecutivo, se contemplarán los recursos pertinentes para proveer el servicio público de escolta de todo lo necesario para desempeñar correctamente la función asignada.
La secretaría de gobierno aclaró que no ha sesionado el comité respectivo para determinar que ex servidores públicos han presentado solicitud para contar con el servicio de escoltas.
Confirmó que, además del ex gobernador, contaban con vehículos blindados y escoltas, el ex secretario de Seguridad Pública, el ex secretario de Gobierno y la del Trabajo y Previsión Social por el operativo de recuperación de inmuebles y revisión de juicios “por las amenazas y tentativas que tuvo como tal”.
Aclaró que el mecanismo de protección para los ex funcionarios únicamente se refiere a los escoltas y no de vehículos previa solicitud.
Cuestionada sobre los escoltas para la esposa e hijos del ex gobernador, Torres Gómez dijo que no ha sesionando el comité para conocer alguna solicitud.
Asimismo, en el tema del ex secretario de la Contraloría, confirmó que hay un procedimiento administrativo en su contra que no ha quedado firme por lo cual no se encuentra inhabilitado por lo cual no se encuentra en riesgo el cambio de gobierno. (Noticaribe)
Un desastre, que sienta diario lo que siente el ciudadano de a pie
Y losa ciudadanos tambien van a tener sus escoltas? que barbaridad
con razón no hay policías en las ciudades pero se olvidan que en el inicio del fracasado sexenio de cj se modificó la ley precisamente para quitarle guardaespaldas a felix y a Borge averiguen para que vean aquí se ve la protección y la complicidad del gobierno actual para el que terminó vaya cambio
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