CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Layda Sansores es “una delincuente”, dijo este martes Ricardo Monreal al denunciar que la gobernadora violó un amparo que le impedía publicar información sobre el senador en el Martes del Jaguar, publicó El Financiero.
“Exigimos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad”, publicó en su cuenta de Twitter.
El legislador sugirió que Sansores actuó para favorecer a Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024.
“Claudia, frena tu jauría; no más división”, dijo.
Más temprano, un juez de distrito de la Ciudad de México otorgó a Monreal una suspensión provisional para que la gobernadora de Campeche no lo mencionara nuevamente en su programa semanal.
Sansores y otras autoridades deberán abstenerse de realizar publicaciones en contra de Monreal, así como eliminar de internet y redes sociales las publicaciones en las que se habla en contra del líder en el Senado, determinó el juez.
Sansores desafía al Poder Judicial
Sin embargo, la gobernadora de Campeche arremetió este martes otra vez contra Monreal, al negar que posea 83 propiedades como se aseguró en el programa Miércoles del León, conducido por Alejandro Rojas Díaz Durán, un ‘fiel’ colaborador de Ricardo Monreal.
En contraparte, la mandataria dijo que Monreal sí cuenta con 48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas.
Sansores tildó a la ‘corcholata’ presidencial de Morena de hipócrita, pues en su declaración patrimonial no declara lo que tiene e incluso dice que no tiene ni coche.
“Se debe de armar de valor y decirle la verdad al pueblo de México”, agregó.
Ricardo no es el único de los Monreal con los que Sansores tiene problemas: Por el delito de ultraje a las insignias del estado de Zacatecas, Saúl Monreal, hermano del senador, inicio una denuncia penal en contra de la gobernadora.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
El alcalde de Fresnillo precisó que el Código Penal establece una pena de prisión de hasta dos años a quien ultraje las insignias del Estado o sus municipios. (Fuente: El Financiero)
