Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Luego que ocupara el cargo de supervisor y después el de juez cívico en el municipio de Benito Juárez desde el 2013 hasta el 2020, un juez calificador determinó vincular a proceso a José Raúl M. S por el delito de ejercicio ilícito del servicio público ya que, para ejercer dichas funciones, se requiere de bachillerato y una licenciatura en derecho, y apenas tiene la secundaria.
El 10 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción cumplimentó una orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial de Benito Juárez en contra del imputado quien se encontraba en el Estado de Nuevo León.
De acuerdo con los hechos relacionados con la carpeta administrativa 719/2021, el 5 de julio del año 2019, José Raúl M. S. fue acusado de calificar de procedente una falta administrativa e imponer un arresto de 36 horas inconmutables, a un ciudadano de identidad reservada, por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.
Las investigaciones arrojaron que el imputado fungió como Juez Cívico sin contar con el nivel académico para desempeñar dicha función ante el Ayuntamiento de Benito Juárez y los fiscales especializados argumentaron que para desempeñar el puesto de Supervisor y/o Juez del Juzgado Cívico se requiere, al menos, un nivel académico de Licenciatura en Derecho con una experiencia de 5 años profesionales y 3 años en la administración pública y el imputado apenas cuenta con secundaria.
Además, se estableció que para desempeñar el puesto de secretario del Juzgado Cívico se requiere, cuando menos, una carrera técnica y/o bachillerato, por lo que dicho imputado no cumplió con dicho requisito desde el año 2013 al 2020.
Tras celebrarse la audiencia de vinculación a proceso este miércoles 16 de noviembre, el juez determinó procedente dicha medida por lo que deberá presentarse a firmar de manera periódica cada quince días y evitar salir del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
En cuanto al cierre de investigación complementaria, la autoridad fijó un término de 2 meses, misma que concluirá el próximo 16 de enero de 2023.
Cabe señalar que los elementos de la Fiscalía Anticorrupción solicitaron la prisión preventiva para el imputado, lo que fue rechazado por el juez al considerar dicha medida como excesiva. (Noticaribe)