Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Debido a que el Ayuntamiento de Tulum, cuando gobernaba Víctor Mas Tah, no respetó las competencias federales en la elaboración de su Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano (Pmotedus) publicado el 31 de marzo del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica del ejecutivo Federal contra dicho programa.
De acuerdo con la lista de asuntos resueltos el 23 de noviembre de 2022, la SCJN reconoció la validez parcial del Pmdotedus de Tulum y declaró inválidos a que refieren las unidades de gestión territorial sustentable dentro de dicho documento.
Cabe recordar que desde el 24 de junio de 2021, la SCJN concedió la suspensión del Pmotedus de Tulum en tanto se resolvía el fondo del asunto.
En su momento, la Semarnat, a través de un comunicado, señaló que la controversia constitucional 68/2021 fue porque en el diseño del instrumento municipal no se respetaron las competencias federales a efecto de emitir un plan ordenamiento territorial en equilibrio con el medioambiente y los recursos naturales.
De acuerdo con la dependencia federal el documento municipal contiene “una serie de faltas e incongruencias relevantes que propician el deterioro ambiental” tanto del municipio como de la entidad; ignoró el derecho de participación del gobierno federal, “a pesar de que el contenido regulatorio de dicho Programa trasciende a la esfera de su competencia”.
Además, establece diversas regulaciones en materia de hidrocarburos, residuos peligrosos y bioseguridad de organismos genéticamente modificados, los cuales son competencia federal.
También “trasgrede la facultad exclusiva de la Federación en relación con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Para la Semarnat es importante que los instrumentos de política pública ambiental de los tres órdenes de gobierno contemplen en su totalidad las leyes ambientales correspondientes y tengan congruencia entre sí, a fin de beneficiar principalmente a las comunidades, sin desatender su derecho a un medio ambiente sano y al crecimiento sustentable del territorio, señaló en su documento. (Noticaribe)