Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Luego que el paquete fiscal 2023 contempla 170 millones para la construcción del acueducto de 35 kilómetros, desde Guillermo Prieto hasta la comunidad el Tesoro, ubicados en los límites con Campeche, los habitantes de la zona esperan que el programa anual de inversión pública del municipio de Othón P. Blanco contemple el mejoramiento de caminos y se cumpla con el compromiso de la gobernadora, Mara Lezama, de privilegiar la atención para los habitantes de esa parte de Quintana Roo.
André Blanco Cruz, abogado de los habitantes de dichas comunidades, dijo que la tercera es la vencida y que esos recursos son resultado del litigio legal que los habitantes de las comunidades limítrofes iniciaron ante el Poder Judicial de la Federación para ejercer su derecho al agua, a pesar de la reticencia de las autoridades al argumentar que se trata de una zona en litigio.
Los recursos dispuestos en el paquete presupuestal son una clara muestra de las excusas que los gobiernos de Quintana Roo y de Othón P. Blanco, han sostenido para negarse a dar la atención a las demandas sociales de las cerca de 40 comunidades existentes en la zona en litigio, señaló Blanco Cruz.
Advirtió la posibilidad de acudir nuevamente ante los tribunales para volver obligar a la Secretaría de Obras Públicas y al Ayuntamiento capitalino a tomar en cuenta a la zona limítrofe en sus planes de inversión, “pero confiamos que las autoridades gubernamentales cumplan su compromiso y no exista la necesidad de pedir la intervención de los Juzgados Federales.
Cabe recordar que en el 2018, el gobierno del Estado ejerció 76 millones de pesos para cumplir las sentencias que los obligaron a construir el sistema hidráulico para dotar de agua potable en cuatro localidades.
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco en diversas administraciones se ha negado sistemáticamente y ha recurrido a diversas argucias legales para no atender las demandas de la población, advirtió. (Noticaribe)
