CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El primer compromiso asumido para supervisar que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 se modere y no exceda los controles impuestos en la Constitución quedó rezagado y ha sido pospuesto por el Congreso, publicó Expansión Política.
Será hasta un periodo extraordinario de sesiones o hasta que en febrero inicie el periodo ordinario, que los legisladores tengan la oportunidad de crear la Comisión Bicamaral aprobada por los legisladores como parte de los controles para impedir excesos en la militarización que vive el país en materia de seguridad.
El límite para crear esa instancia vencerá el 19 de enero de 2023 y ahora sólo quedan dos escenarios: primero, que el Congreso convoque a sesiones extraordinarias para crear e instalar ese grupo –algo improbable, pues la oposición ha anunciado que no lo permitirá para detener así la entrada en vigor del “Plan B” de la reforma electoral– o, segundo, que se mantienen a la espera hasta que el Congreso reinicie sus trabajos.
Apenas se apruebe la creación de la comisión y se instale, el grupo de legisladores que la integren deberá prepararse para evaluar y emitir un dictamen sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues la primera revisión tocará en mayo próximo.
En ese mes se cumplirá el plazo establecido tras la reforma en la que cambiaron las reglas para que el Poder Legislativo revise la participación del Ejército.
¿Por qué es importante esta nueva comisión?
La integración de esa Comisión Bicamaral fue parte del acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena para conseguir el voto tricolor necesario para alcanzar mayoría calificada y extender la militarización de la seguridad pública.
Esta ampliación se concretó con las reformas al artículo 5 transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional (GN) para que durante nueve años, es decir que extiende hasta 2028 el permiso para que el Ejército siga en tareas de seguridad.
Antes de esa modificación, solo existía la obligación prevista en la Ley de la Guardia Nacional para que cada año el Poder Ejecutivo presentara ante el Senado un informe de las actividades desarrolladas por esa dependencia durante el año anterior.
Ahora, en cambio, se deberá analizar y dictaminar si el Ejército se sujetó, en el periodo evaluado (cada seis meses), a los límites constitucionales, además de cuidar que no se exceda en sus funciones.
Esos límites consisten en que El ejército no actúe en materia de seguridad de forma ordinaria sino extraordinaria; que sea regulada, fiscalizada, además de subordinada y complementaria a los cuerpos civiles de seguridad.
La Comisión también deberá señalar en qué estados ya no se requiere la presencia permanente de las Fuerzas Armadas; podrá emitir recomendaciones al Ejecutivo, y en su caso también podría solicitar información o citar a los titulares de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la GN a rendir explicaciones.
“Las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral”, se estableció en la enmienda, junto con el desglose de todas las atribuciones para cumplir con esa función revisora.
Blindaje a la Bicamaral
Hasta el momento, el único esfuerzo de cumplimiento de esa nueva función, desarrollada a través de una Comisión Bicamaral, lo han encabezado un grupo de senadores del PRI, encabezados por Jorge Carlos Ramírez Marín, por Miguel Ángel Mancera, del PRD, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, este último en lo individual.
Los tres propusieron una iniciativa de reformas para crear esa comisión, pero con características de pluralidad.
El blindaje que proponen para que esa instancia y sus decisiones no sean controladas por un sólo partido o coalición, e incluso por el Ejecutivo, incluyen, por ejemplo, que no haya voto ponderado (en que cada integrante representa la fuerza de su bancada, lo que daría control a la cuarta transformación), tendría presidencia rotativa, y una integración plural.
Además, dado que de acuerdo al artículo quinto transitorio el Ejecutivo presentará al Congreso un informe semestral sobre esa actuación conforme a “indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos”, la propuesta de los senadores sugiere que esta Comisión formule esos indicadores.
Para ello plantea que haya convocaría a foros con integrantes de la sociedad civil, académicos y personas con comprobada probidad y experiencia en el tema.
Con el fin de evitar que por falta de recursos no haya incumplimiento de sus deberes, se especificó que debe contar con recursos materiales y humanos y que sus reuniones sean públicas, salvo que de manera excepcional se acuerde lo contrario.
Según lo redactado en la iniciativa, se incluiría un apartado especial en la Ley Orgánica del Congreso General para establecer que esa Comisión Bicamaral se integraría con miembros electos por mayoría calificada de ambas cámaras y no sólo con mayoría simple, misma que Morena y sus aliados hoy alcanzan en las dos cámaras.
¿Qué controles se proponen?
De acuerdo a la iniciativa promovida por Monreal en lo individual, no como bancada de Morena, además de PRI y PRD, se plantea que los acuerdos de la Comisión “privilegiarán el consenso y, en su defecto, se adoptarán por mayoría de votos, de los integrantes presentes. En caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad”.
“La Presidencia de la Comisión será rotatoria entre los grupos parlamentarios y alternada entre ambas Cámaras, iniciando con la Cámara de Senadores”, se ofrece.
Respecto a la conducción, los senadores plantean que la Junta Directiva de la Comisión se integre con cinco legisladores, con una Presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías.
Dado que ese grupo conducirá los trabajos y podrá convocar a reuniones, definir el orden del día y promover las convocatorias a comparecencia de los servidores públicos, sería electa por mayoría absoluta del total de los integrantes de la comisión (se plantea que 20) y duraría un año legislativo en su ejercicio.
Como mecanismo para evitar que un bloque se apodere de la conducción se propone además que las vicepresidencias “serán integradas por una diputada o diputado federal y una senadora o un senador, no pudiendo ser del mismo grupo parlamentario, ni del grupo parlamentario de quien ostente la Presidencia”.
Las secretarías, en tanto, serían integradas por diputados o senadores “no pudiendo ser del mismo grupo parlamentario”.
Comisión “normal”
Sin embargo, consultada al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena, de Morena, indicó que ya se cuenta con una lista de quienes están interesados en participar en esa Comisión Bicamaral y después se generarían lineamientos para su operación.
Es decir, no sería necesaria una reforma legal ex profeso y bastaría con un acuerdo de mesas directivas de las dos cámaras o sus Juntas de Coordinación Política (Jucopo).
Cuestionada sobre la integración, que en la iniciativa presentada en el Senado se plantea plural, sin mayoría para un solo bloque, la legisladora estableció: “de forma respetuosa creo que será de la misma forma de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, donde hay una representatividad de los diferentes grupos parlamentarios”.
En la actual Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de siete integrantes, dos son de Morena, dos del PAN y dos del PRI, sin embargo, este grupo carece de atribuciones de resolución y recomendación como la que deberá vigilar la actuación de las fuerzas armadas, de ahí la relevancia de su integración y de los mecanismos para la toma de decisiones. (Fuente: Expansión Política)
