Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Después de analizar la propuesta que impulsaron integrantes de diversas agrupaciones en Yucatán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que sea constitucional que se cierre el acceso a cargos públicos a quienes tengan acusaciones y demandas en su contra por ejercer violencia de todo tipo y además de ser señalados como deudores alimenticios.
Mejor conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia, la propuesta corría el riesgo de ser desechada, sin embargo, este día fue anunciada su aprobación.
En Yucatán, previamente ya contaba con los votos a favor por parte de las y los legisladores, pues como parte de una iniciativa ciudadana se recabaron firmas y luego, se presentó ante el Congreso del Estado.
La propuesta fue primero aprobada en comisiones para después pasar al pleno del Congreso local, en donde se discutió y fue aprobada.
Así, hoy con una aprobación de nueve votos a favor, la SCJN declaró constitucional esta iniciativa que se pondrá en práctica en los próximos comicios electorales en los que se evaluarán a las y los candidatos a diferentes cargos públicos bajo esta perspectiva.
Es decir, que ni una persona que tenga antecedentes penales relacionadas con violencia de género o que deba pensión a hijas e hijos podrá participar.
Esta iniciativa engloba también a quienes deseen ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a quienes aspiren al cargo de gubernatura. (Noticaribe)