Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – El presidente de la Comisión de justicia en la Décimo Séptima legislatura, Hugo Alday Nieto, confirmó que en estos momentos es improcedente la solicitud de juicio político interpuesta por choferes de Uber contra la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez; la subsecretaría de gobierno, Erika Castillo Acosta y el director de Movilidad, Rodrígo Alcázar Urrutia ya que los inconformes primero debieron controvertir la violación de sentencia emitida por el juzgado Federal.
En estos momentos, la Décimo Séptima legislatura no puede intervenir en este asunto, señaló.
Explicó que los integrantes de la Comisión de Justicia revisaron si la solicitud de juicio político cumple con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley de Responsabilidad de los servidores públicos.
Se determinó si los funcionarios señalados son judicializables y después si los hechos controvertidos se encuentran en la norma y no se cumple con la normatividad, insistió.
Recordó que en pláticas con los choferes de UBER se explicó que al momento que se presenta una solicitud de juicio político por violación de sentencia del órgano jurisdiccional federal primero deben ir al órgano jurisdiccional para determinar si se violan sus derechos.
Alday Nieto reconoció que el tema Uber se ha politizado desde hace mucho tiempo, “pero está legislatura ha sido clara al señalar que no se permitirá que se siga politizando y abordar el fondo del asunto”.
Reconoció que al momento del amparo a favor de la plataforma digital se detuvo el anteproyecto de reforma a la Ley de Movilidad, ya que se debe adecuar a la sentencia de la instancia jurisdiccional Federal.
Aunque aclaró que en estos momentos el ayuntamiento de Benito Juárez solicitó de manera formal el retiro de concesiones a taxistas involucrados en las manifestaciones.
El estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza para mantener la paz y seguridad y la competencia es fundamental para que los usuarios podamos decidir con quien nos queremos mover, indico. (Noticaribe)
