CANCÚN, MX.- A casi dos años de la muerte de Victoria Salazar Arriaga, ciudadana salvadoreña, ocurrido en Tulum, la defensa y los familiares de uno de los cuatro policías detenidos aseguran que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial han incurrido en una serie de irregularidades para inculparlos y además para proteger a otro agente con conexiones políticas.

A lo anterior, se suma la negativa al acceso a la justicia a este policía, Juan Carlos C. U., por parte del Tercer Tribunal Colegiado, que en siete ocasiones ha pospuesto la audiencia intermedia sobre el recurso de amparo interpuesto por la defensa, por lo que ha transcurrido más de un año sin que siquiera analicen el caso.

Ayer, jueves 23 de febrero, de nueva cuenta la audiencia no pudo celebrarse, razón por la que hoy la defensa interpuso un recurso en el que se desistían del amparo, pues quedó claro que hay mala fe y una negativa a revisar este caso, por lo que esta instancia se ha vuelto más un obstáculo que una solución.

En cerca de dos años, este imputado no logró siquiera obtener la atención delos magistrados federales, mucho menos alguna acción de justicia, añadió la defensa.

PRESUNTO ENCUBRIMIENTO

Fue el 27 de marzo de 2021 cuando Victoria Salazar Arriaga fue detenida en una calle del centro de Tulum, por presuntamente estar alterando el orden. Una agente de la Policía Municipal la sometió y apoyó su rodilla en su espalda, hecho que acabó por matarla. Estos hechos quedaron grabados en un video de vigilancia, mismo que captó además cómo la víctima fue subida, ya inconsciente, a la batea de una patrulla, para ser llevada a recibir atención médica.

El caso conmocionó a la sociedad tulumnense, generando manifestaciones, además de transformarse en noticia nacional. A México viajó la familia de la víctima, con autoridades de ese país. Dos días después del hecho, el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca, anunció en conferencia de prensa la detención de cuatro policías, incluido a Juan Carlos C. U., quienes serían procesados por feminicidio.

De acuerdo a la defensa de este agente, para entonces las irregularidades ya habían iniciado. A pesar de contarse con un video como evidencia, en el que muestra cómo esta ciudadana era sometida únicamente por la agente mujer acusada, la Fiscalía en su escrito de acusación presentado ante el juez falsamente asegura que los otros tres agentes tenían a la víctima “sujetada de los pies”, lo que incluso contradecía los testimonios que ellos mismos aportaron, en donde indican que solo dos agentes participaron en la detención, en tanto que dos solo observaron lo que ocurría.

La Fiscalía también omitió incluir que al lugar llegó otro agente, un policía primero, quien vio que la detenida lucía mal y ordenó su traslado a un centro de salud en una patrulla, en lugar de llamar a paramédicos.

En el testimonio brindado, falsamente presentaron a este policía como un “agente de tránsito” y no como aquel de jerarquía mayor, quien “recibió la orden” de una subalterna para trasladar a la víctima.

De acuerdo a la defensa, este traslado irregular agravó la situación de la víctima, quien tenía una luxación en la columna vertebral y quien debía haber permanecido inmóvil. De ahí los esfuerzos por la Fiscalía, para ocultar la responsabilidad de este agente, quien, por cierto, tiene conexiones políticas.

Cabe destacar que en su momento, el Observatorio Ciudadano criticó el actuar de la Fiscalía, al omitir presentar a este comandante policiaco, quien además de ordenar el traslado de la víctima, presuntamente alteró evidencias.

Este hombre, cabe destacar, ya abandonó el cuerpo policiaco y probablemente sea ilocalizable.

¿FEMINICIDIO’

Finalmente, la policía quien apoyó su rodilla en la espalda de la víctima obró así porque esa fue la capacitación que recibió. Por tanto, no hubo dolo en su actuar y no se configura feminicidio, sino homicidio culposo, por ella y posiblemente por su superior jerárquico. Los dos agentes que no participaron en la acción no tienen responsabilidad en estos hechos.

Probablemente por presiones políticas, los agentes fueron acusados de feminicidio. Al no haber ninguna razón de género en esta muerte, la Fiscalía tuvo que asegurar que se debía a que el cuerpo de la víctima fue “exhibido”, algo que ya raya en lo absurdo, pues ella murió en la vía pública, sin que existiera intención alguna de exhibir sus restos, alega el abogado.

Pese a lo anterior, han pasado dos años sin que el caso pueda ser revisado. La familia de este detenido, provenientes de Lázaro Cárdenas y que son de escasos recursos, han tenido que costear traslados, abogados y un dinero de apoyo para este policía y su esposa. También han sido víctimas de varios intentos de extorsión por parte de policías ministeriales y estatales, quienes les exigen dinero para modificar el caso. (Agencia SIM)