Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Integrantes del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus interpusieron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado porque no fue incluida una partida presupuestaria específica para creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+).

En rueda de prensa, el activista Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, recordó que esta sería la segunda vez que demandan al Congreso del Estado, ya que la primera fue cuando lucharon para que al matrimonio igualitario fuera aprobado.

El amparo fue interpuesto ante el Juzgado de Distrito, pues en lo que va de la administración del gobernador Mauricio Vila no se ha visto algún esfuerzo en esta materia.

“La falta de políticas públicas para la atención de las personas de la comunidad LGBTIQ+ es violencia institucional porque nos invisibiliza y nos vulnera. Así que nos toca de nuevo como organizaciones forzarles el brazo mediante litigios”, apuntó.

Para Alex Orué, también activista y defensor de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ es importante recordarle a la actual administración cuáles son sus pendientes.

“Desde que llegó Mauricio Vila a la gubernatura vemos la ausencia de su interés en estos temas, sobre todo para abordar políticas públicas de prevención de discriminación y atención a poblaciones vulnerables, entre ellas la población LGBTIQ+”, agregó.

Igualmente, dijo que desde el inicio de administración, cada año pasan por alto destinar un propuesto específico para este fin.

“En el transcurso de este sexenio, algo que se refuerza siempre es que el gobierno de Mauricio Vila es un ejemplo de cómo se quiere mantener la ilusión de que en Yucatán no pasa nada, cuando sabemos que sí pasa porque hay casos de brutalidad policíaca, discriminación y otros hechos de violaciones a los derechos humanos”, resaltó.

A pesar de la existencia de los Consejos para prevenir la discriminación a nivel municipal y del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, el activista hizo hincapié en que es “darles atole con el dedo”, porque en sí no funcionan o pocas personas saben de su existencia.

Seguirán ejemplo de Guadalajara

Juan Pablo Delgado, director Ejecutivo de Amicus, dará acompañamiento en esta iniciativa, ya que en Guanajuato se realizó el mismo procedimiento en 2022 y demandaron al Congreso del Estado y al gobernador Diego Rodríguez Vallejo.

En su caso, el resolutivo fue favorable, por lo que lograron que para 2022 se hicieran las modificaciones correspondientes al presupuesto estatal y para 2023 ya el Congreso del Estado destinó en automático un presupuesto.

Las personas que trabajan en este amparo, consideran que Yucatán y Guanajuato tienen paralelismos políticos, por lo tanto, es posible seguir el mismo camino y a la vez, se busca que sea replicado este modelo en otros estados.

Igualmente, con esta lucha, se logró que en la planeación del presupuesto se destine una parte para esta población y se incluyó en el Plan de Desarrollo Estatal para 2050, es decir, para los próximos 25 años y más, las personas de la comunidad LGBTIQ+ tendrán sus derechos reconocidos.

Otros estados en los que se cuenta con una partida presupuestaria para este segmento de la población son Estado de México, Querétaro, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.

“Una parte del país tendría estos presupuestos favorables y se encamina a un estándar a nivel nación”, indicó.

Aun cuando se ha avanzado en otros temas en Yucatán, como por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario, las personas que defienden los derechos humanos de este sector de la población, indican que falta más allá de hacer algunas acciones afirmativas, como por ejemplo, destinar presupuesto para otras acciones concretas.

En caso de que el amparo interpuesto sea rechazado, se someterá un recurso de revisión y si el resolutivo es favorable, el Congreso del Estado tendrá un mes aproximadamente para hacer las modificaciones correspondientes al presupuesto, lo cual al mismo tiempo se trataría de un hecho histórico. (Noticaribe)