CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la Jeanine Otálora de violar la Constitución en la demanda de Edmundo Jacobo. Argumentando que la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció en favor de restituir al exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó reporteindigo.com.

En el oficio 100.CJEF.2023.4893, María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo federal, acusa a la magistrada Otálora de violar el principio de imparcialidad que mandata el Artículo 17 de la Constitución “al pronunciarse anticipadamente a favor de la demanda del exsecretario ejecutivo del INE”, interpuesta tras su cese al entrar en vigor el Plan B de reforma electoral.

Otalora también habría incumplido con el Capítulo II del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (PJF), sobre imparcialidad, con la filtración de su postura. Cuya filtración también implicaría una falta al Artículo 146 del Reglamento Interno del TEPJF, pues este prohíbe que los expedientes de los medios de impugnación sean sustraídos y entregados a terceros.

También enlista violaciones a los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral por pronunciarse “sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior” del Tribunal Electoral.

“Se espera que la Sala Superior actúe apegada a derecho y ordene a la magistrada abstenerse de intervenir en el trámite y resolución del juicio promovido por el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina”, agrega el comunicado oficial publicado por la Consejería Jurídica para dar a conocer el oficio de la consejera Ríos.

Segunda confrontación entre Presidencia y Poder Judicial por el Plan B

Esta es la segunda vez en el mismo número de semanas que la Consejería Jurídica del primer mandatario se confronta con el Poder Judicial debido al llamado Plan B. Pues el pasado 21 de febrero, se emitió otro oficio en contra de la suspensión otorgada por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Adelantando que impugnaría la medida otorgada por el ministro Pérez Dayán, la consejera Ríos calificó como “arbitraria e ilegal” la suspensión de la reforma a la Ley General de Comunicación Social, una de las modificaciones confirman el paquete del Plan B. Esto bajo el argumento de que dicha ley no tiene “una naturaleza electoral”.

Estas confrontaciones se dan en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por el mismo INE en contra de la reforma electoral de López Obrador. Quien el pasado 2 de marzo, precisamente al discutir la polémica sobre el cese de Jacobo como secretario general, consideró muy probable que la Suprema Corte anule su Plan B. (Fuente: reporteindigo.com)

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