Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En medio de las exigencias para que la granja porcícola sea retirada de las tierras de Sitilpech, ahora los habitantes de este pueblo denuncian que al menos ocho personas de la comunidad enfrentarán una audiencia de vinculación a proceso y debido a esta criminalización por parte del Gobierno del Estado, temen que sean privados de su libertad.
Hoy dieron a conocer que durante el bloqueo que mantienen en sus tierras, a las afueras de la granja de Kekén, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) agredieron y golpearon a 15 mujeres y personas adultas mayores de la comunidad maya.
Sobre esta agresión no se ha posicionado el Gobierno del Estado como apoyo a su lucha, pero por lo contrario, la Dirección General de Infraestructura Carretera de Yucatán interpuso una denuncia en contra de ocho habitantes de la zona.
La audiencia se realizará este viernes 10 de marzo y tendrán una cita con la Jueza de Control de Kanasín, para comparecer en una audiencia inicial de vinculación a proceso por la imputación del delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla.
La denuncia en contra de las ocho personas ya ha sido registrada ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y fue interpuesta por el gobierno de Mauricio Vila.
Las y los habitantes de la zona denuncian de forma pública ante medios de comunicación criminalización, hostigamiento e intimidación constante a través de distintos canales, pero siempre orquestadas por el Gobierno del Estado.
Las personas han reconocido que tienen temor de que sean privadas de su libertad, ya que el gobierno estatal tiene el poder y la infraestructura para criminalizarles.
Sin embargo, aseguran que las manifestaciones han sido pacíficas, pues la única petición es que la granja se retire de su territorio, ya que consideran que generan contaminantes para el agua, suelo y aire.
No obstante, en diversas ocasiones han llegado antimotines a la zona de Sitilpech para custodiar a los camiones de Kekén que trasladan cerdos.
Por este tema, diversos activistas e integrantes de colectivos como La Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, consideran que la denuncia presentada por el gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila Dosal, deja en claro el nulo entendimiento de su administración sobre el respeto de los derechos humanos de las comunidades mayas y comunidades locales.
Esta audiencia, consideran que sentaría precedentes sobre la constante criminalización hacia las personas de comunidades mayas que defienden sus derechos y su territorio. (Noticaribe)