Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Tras la reforma constitucional enviada por la gobernadora, Mara Lezama, para disminuir presupuesto a los órganos autónomos, el presidente de la Federación Mexicana de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, consideró necesario recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer valer la autonomía y evitar una afectación a la operatividad pero sobre todo al servicio que se proporciona a los ciudadanos.
A diferencia del Tribunal Superior de Justicia que interpuso un recurso de inconstitucional ante la máxima autoridad jurisdiccional en el país, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo como órgano autónomo determinó no seguir el mismo procedimiento.
Hernández Cruz calificó de preocupante la violación de la autonomía de los órganos autónomos a través del recorte presupuestal.
La autonomía y sobre todo la financiera es la parte más vulnerable de los órganos autónomos ya que la asignación de un presupuesto deficiente que no permita contar con la infraestructura y equipo necesario pero sobre todo el personal con el perfil y la capacitación necesaria “va en detrimento del servicio y el efecto que se tiene en el servicio de los ciudadanos”.
Dijo que la decisión de los gobiernos locales de afectar la autonomía de las Comisiones de los Derechos Humanos no es privativo de Quintana Roo; aunque en el caso de Morelos, en su calidad de ombudsperson, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN quien les otorgó la razón y por mandato del máximo tribunal jurisdiccional se dio marcha atrás a esa disposición.
Consideró que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, como órgano autónomo, tiene la posibilidad de interponer dicho recurso “porque la previsión del estatuto jurídico de los órganos autónomos no está en la legislación local sino en la Constitución Federal que manda un claro mensaje a las legislaturas para que se garantice la autonomía”.
El presidente de la Federación Mexicana de Derechos Humanos explicó que las acciones de inconstitucionalidad busca defender la autonomía financiera de los órganos autónomos y de ahí que se deba razonar, de justificar de manera super razonada, con consideraciones adicionales, el porqué de un presupuesto con alguna reducción o distinta del que se propone cada año.
Sin embargo, consideró que la interposición de un acción de inconstitucionalidad depende de cada órgano autónomo y en el caso de Quintana Roo “hay que analizar el cómo se hizo la solicitud y la aprobación por parte del Congreso y que se haya traducido en un presupuesto deficiente”.
Sin embargo, reiteró que es decisión de cada órgano la defensa de esa autonomía establecida en la Constitución Federal. (Noticaribe)