CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado la invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estos cambios forman parte del primer paquete de reformas en materia electoral recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, que forma parte del llamado “Plan B”.
La sentencia, aprobada por nueve votos a favor y dos en contra, cita la invalidez total del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.
Las razones de la decisión se basan en el cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del decreto impugnado, afectando los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa.
La iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, lo que impidió un debate abierto e informado por parte de todos los integrantes del cuerpo legislativo.
A favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán votaron Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Laynez y Norma Piña. En contra votaron las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
Se concluyó que la invalidez del Decreto se debió a la violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, y por lo tanto, se declaró la invalidez total del Decreto impugnado.
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institutional (PRI), Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (PRD) y la minoría parlamentaria de diputados federales y senadores promovieron las acciones de inconstituciuonalidad resueltas.
Cabe recordar que en un primer intento de frenar la discusión del Plan B de la Reforma Electoral, la Consejería Jurídica de la Presidencia demandó que la Corte analizara primero las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social hechas en 2018. Sin embargo, esta propuesta la rechazó el tribunal.
De igual manera la Consejería había buscado impedir la participación del ministro Alberto Pérez Dayán en la discusión de este lunes, solicitud que también se rechazó. (Agencias)
