CANCÚN, MX.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dio a conocer que después de 3 años han obtenido una nueva suspensión definitiva contra la tala y desmonte en los terrenos que abarcan los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, que van desde Cancún hasta Tulum, en Quintana Roo. El Juzgado señala que las autorizaciones provisionales emitidas en base al Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no reemplazan las autorizaciones que requieren un estudio técnico y científico previo.
El recurso fue promovido por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como por organizaciones de la sociedad civil. Han obtenido una suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio de 2020, frente a los impactos ambientales generados por el proyecto llamado “Tren Maya”.
El Juzgado consideró que las personas demandantes demostraron su interés en obtener la medida cautelar al comprobar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo, y también demostraron su conexión con los servicios ambientales que brinda el ecosistema afectado.
“El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva con el fin de que se detenga cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que abarcan los tramos 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal – Cancún), 5 Norte (Cancún – Playa del Carmen) y 6 (Tulum – Chetumal), de manera que no se permita la eliminación de la vegetación forestal en áreas que estén fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto “Tren Maya” sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso podría ocasionar un daño irreparable a las comunidades y organizaciones en su derecho a un medio ambiente sano.
“Por lo tanto, hacemos un llamado al Poder Judicial para que mantenga y ejecute la suspensión definitiva, ya que solo de esta manera se garantiza el respeto a sus derechos humanos ambientales. Además, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, ya que las autoridades responsables no han acatado las determinaciones previas”, expresan las organizaciones. (Noticaribe)
