CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado fue secuestrada en agosto de 2021 mientras investigaba la corrupción en el Estado de México. Lo que halló en sus investigaciones revela decenas de contratos públicos por más de 5 mil millones de pesos con empresas fachada e implica a priistas mexiquenses como Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) a la gubernatura de esa entidad, publicó sinembargo.mx.
Así lo reveló una investigación periodística internacional de las periodistas Aïda Delpuech y Mariana Abreu que fue publicada este miércoles en varios medios y en donde María Teresa narra lo sucedido ese agosto de 2021.
Ese día de su secuestro, la periodista, residente en Toluca, recuerda que salió de una cita médica y abordó un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a casa. Una vez dentro del vehículo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. La apuntaron con una pistola y la llevaron hasta su domicilio sin que ella les dijera la ruta.
Al llegar a su domicilio, se lee en la investigación “Las empresas fachada del Estado de México”, publicada este día en varios medios, los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa y mientras esperaba en el coche, la periodista recuerda que se llevaron todo su material de trabajo y su auto.
“Fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos”, dijo Teresa al narrar lo sucedido a las periodistas Aïda Delpuech y Mariana Abreu.
Meses antes del secuestro, Teresa Montaño, quien es fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer, había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México en donde varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades.
Tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada, pero su investigación sigue, pues se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder.
Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas.
Es así que tras varios meses de investigación, el consorcio de medios obtuvo documentos, entrevistas y viajes que han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada a través de 40 contratos por un valor de más de 5 mil millones de pesos, señala la investigación que hoy se publica en varios medios.
“Nuestra investigación ha revelado también que en estos contratos están involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de México: el PRI. De hecho, dos de los doce contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, organismo público cuya misión es combatir la pobreza y reducir la desigualdad”, detalla la investigación.
Agrega que en el momento de la firma de los contratos, “esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca —actual presidente del partido en Edomex—. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas”.
LOS CONTRATOS INFLADOS DEL EDOMEX
Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Montaño, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas, se lee en la investigación publicada hoy.
“Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos que ascendían a casi 2 mil millones de pesos —más de 110 millones de euros—. A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital”, refiere la publicación del consorcio formado por Forbidden Stories.
La periodista Teresa Montaño contó que llegó a las oficinas del Instituto C&A Intelligent, S.C., en el municipio costero de Coatzacoalcos, en el sureste del país, para verificar la existencia de esta entidad.
“Una vez allí, se encontró con un destartalado escaparate de color naranja, cerrado por verjas oxidadas que parecían no haberse abierto en mucho tiempo. Al preguntarle a una residente del segundo piso de este mismo edificio, respondió que la última empresa que ocupó el local se había marchado hace al menos dos años. El resto del barrio presentaba una apariencia similar a la de esta fachada: desierto y abandonado”, dice la investigación publicada este miércoles.
A petición del consorcio Forbidden Stories, el Estado de México facilitó fotos de una supuesta sede distinta (de esta misma empresa) con el logotipo de la empresa y una dirección en Toluca, Estado de México, donde acudieron periodistas del consorcio. Según los vecinos, una furgoneta pasó a mediados de mayo para volver a colocar un cartel con el logotipo en la fachada (que hasta entonces se encontraba vacía).
Sin embargo, la existencia de Fixs Business, socio del Instituto C&A Intelligent, S.C., parece real, añade la investigación. “Sus oficinas se encuentran en la ciudad de Puebla, que también visitó la periodista”.
El funcionamiento es bastante simple, revela la investigación: “Fixs Business, una empresa real, habría servido como aval de Instituto C&A Intelligent, S.C., empresa que no existía, para desviar una parte o la totalidad de la exorbitante suma en juego. Ninguna de las sociedades ha respondido a las preguntas que Forbidden Stories les envió por correo electrónico”.
Otra empresa presuntamente fachada que hallaron los periodistas es Zumby Servicios Profesionales, cuya actividad es difícil de probar firmó al menos cuatro contratos por un valor total de más de 2 mil millones de pesos con el Estado de México.
“Para probar la existencia y actividad de Zumby, el Estado de México aportó fotos de una oficina instalada en un espacio de coworking —pero la oficina en cuestión no ha podido ser localizada—. Las fotos del domicilio fiscal de la empresa, también facilitadas por el Estado de México, no se corresponden con las oficinas visitadas por un miembro del consorcio en esa misma dirección”, reveló el consorcio de medios. (Fuente: sinembargo.mx)