Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Durante la construcción del megaproyecto del Tren Maya, han surgido diversos fenómenos que afectan la dinámica de comunidades indígenas, dentro de ellos la militarización y a la vez la escasez de recursos naturales como el agua, además de servicios públicos como la luz eléctrica.
En rueda de prensa, desde Mérida, activistas del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, así como académicos y personas directamente afectadas, dieron a conocer los desacatos y violaciones a las suspensiones definitivas otorgadas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y ratificadas por el Tribunal Colegiado.
Al respecto, Nicolás Moreno Jiménez, habitante de Calakmul, mencionó que desde la construcción de esta obra tan anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han observado diversos cambios sociales y que poco beneficio traen a sus comunidades.
Una de las actividades que han sido afectadas directamente es el desarrollo de la agricultura y además en la misma convivencia social hay modificaciones, porque por ejemplo, se nota el aumento de diversas adicciones como el alcoholismo.
“Antes las personas de la comunidad no se emborrachaban, pero desde que hay mucha gente trabajando en las obras ya se emborrachan cada fin de semana y hay escándalos en la comunidad que antes no había”, expuso.
Otra más de las problemáticas que notan en las comunidades que están alrededor de las construcciones del Tren Maya es la escasez de energía eléctrica, lo cual les preocupa porque esto sucede apenas en la edificación del proyecto, pero se prevé que la problemática se agudice cuando exista todo el desarrollo que se avecina en los próximos años.
“Ya con la energía eléctrica estamos siendo afectados porque hay una descarga en el trabajo del Tren Maya. Quienes tienen pequeños negocios recurren a congelar sus productos porque los apagones son frecuentes, igual los pocos aparatos que tenemos, ya se nos han quemado algunos y tenemos mucho miedo que habrá todavía más afectaciones”, mencionó.
Romel González Díaz, coordinador de Democracia del Buen Vivir del Consejo Regional Regional Indígena y Popular de Xpujil, resaltó que también han tenido problemas en el servicio de agua porque para la edificación se usan grandes cantidades de este líquido, para lo cual se usan pipas y también se extrae del manto acuífero, lo que provoca que haya sobreexplotación.
“También observamos que el agua se está militarizando porque en toda la región donde hay zonas de bombeo que están cerca del paso del Tren Maya hay elementos de la Guardia Nacional”, agregó.
Al respecto, el abogado Raúl Aldama Gavilán, recordó que las autoridades que han emprendido este proyecto niegan la presencia de cenotes en la ruta del tren, a pesar de que es sabido que toda esta superficie está sobre ríos subterráneos.
“Han dicho que el cenote más cercano está a kilómetro y medio, pero en sí hay otros que están mucho más cercanos”, describió.
Gerónima López Hernández, habitante de Calakmul, recordó que este proyecto no tuvo las bases necesarias, ya que no hubo una consulta efectiva a los Pueblos Indígenas, quienes son los verdaderamente perjudicados.
“Nosotros somos los afectados como campesinos y también como habitantes en general porque notamos escasez de frutas y verduras porque con la llegada de más personas poco a poco no nos daremos más abasto. En general también la militarización en las comunidades nos perjudica porque incluso nos prohíben hacer actividades que antes hacíamos como parte de nuestras costumbres”, resaltó.
Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que en la zona del Tren Maya se ha identificado el despliegue de más de 60 mil efectivos militares, lo cual definitivamente cambia la dinámica de las comunidades.
Recordaron de esta forma que el Gobierno Federal con todas sus instituciones continúa violando derechos humanos y ambientales.
Las personas que se oponen a este megaproyecto recordaron que el tren y los hoteles militares que se realizan en el tramo 7 se construyen en superficies de terrenos sin derecho de vía, además que no cuentan con los permisos de construcción, sin autorización de cambio de uso de suelo y sin modificaciones al Límite de Carga Ambiental en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Hicieron hincapié que en este gobierno se dan autorizaciones para ocupar zonas de ANP a personas ricas, a narcotraficantes y a militares.
De esta manera, piden al Poder Judicial que actúe conforme a sus atribuciones y facultades para resolver los juicios de amparo interpuestos. (Noticaribe)
