CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Gobierno federal presentó la mañana de este jueves un informe sobre el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a nueve mil 500 millones de pesos, 100 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 87 personas, la obtención de 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso por la comisión de diversos delitos, publicó sinembargo.mx.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó a detalle el avance de las investigaciones.
Desde Palacio Nacional, argumentó que la finalidad del reporte es aclarar lo ocurrido en el organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuyo objetivo es buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país.
En cuanto le notificaron el caso, recordó, dio la “instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia” en la FGR.
“Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el Gobierno del General [Lázaro] Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche”, precisó.
A lo largo de su intervención, justificó el cuestionado y criticado papel de Ignacio Ovalle Fernández, quien fue titular de Segalmex mientras se llevó a cabo este desfalco multimillonario. “Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos y lo engañan”, declaró.
De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, comienzan” a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo ocurrido en Segalmex es “el caso de corrupción más escandaloso” y “el único” que ha enfrentado durante su Gobierno.
“En el caso de estas cajas de bono, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos. Hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo, que se conozca bien”, prometió frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
De inmediato, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), habló del estado de las observaciones que fueron determinadas por la dependencia que encabeza y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las Cuentas Públicas 2019 y 2020.
“Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de irregularidades, no es precisa y no tiene fundamento”, sostuvo.
El funcionario federal apuntó que “los actos de fiscalización dieron lugar a observación relacionadas con nueve mil 500 millones de pesos, de los cuales seis mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y tres mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.
“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”, detalló.
Salcedo Aquino señaló que “el monto de los nueve mil 500 millones proviene de los resultados de las auditorías de 2019 y 2020, y son hallazgos que están en proceso de análisis en las instancias competentes”.
“Las evidencias adicionales, aportadas por las tres entidades, se analizan caso por caso para establecer si las observaciones que se determinaron en su momento no fueron puestas a disposición de los auditores, los documentos justificativos y comprobatorios del gasto o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos”, agregó.
Según lo expuesto por el Secretario de la Función Pública, Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa en las diferentes oficinas de estas tres entidades en los estados de la República.
“Es así que la Auditoría y la Secretaría de la Función Pública han recibido información, en el caso de la Función Pública de dos mil millones de pesos a observar de los seis mil millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación”, indicó.
El Secretario de Estado confirmó que la Auditoría Superior ha recibido otras evidencias sobre las observaciones pendientes de atender, por lo que se espera que con la documentación aportada, el monto de los nueve mil 500 millones pueda bajar sustantivamente.
“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que en su caso se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la Fiscalía General de la República”, añadió.
En esta fase de investigación, reveló Roberto Salcedo, “se encuentran 37 expedientes en la Función Pública. En consecuencia, los momentos observados no pueden ser considerados todavía como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente”.
“Por lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría emitió observaciones, cuyo monto no puede ser sumado a los nueve mil 500 millones, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye. Esto es así porque no se han agotado todas las etapas previstas en la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones dadas a conocer este año por el órgano superior de fiscalización”, comentó. (Fuente: sinembargo.mx)
