Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Luego que la autoridad judicial dictó medidas cautelares a favor de dos reporteros del municipio de Felipe Carrillo Puerto que denunciaron abuso de autoridad y violación a la libertad de expresión e información, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Baltazar D. A, encargado de despacho de la Policía Municipal Preventiva u Joel B, responsable del rastro municipal, por dichos delitos.
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que el juez de control competente en el Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, determinó que se aportaron los elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad de los imputados, emitiendo la vinculación a proceso en su contra y otorgar tres meses para la conclusión de la investigación complementaria así como la imposición de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las víctimas y testigos.
La dependencia federal, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo vinculación a proceso en contra de Joel Alberto “B” y Baltazar “D”, por su presunta responsabilidad en la limitación del ejercicio de una actividad periodística en Felipe Carrillo Puerto correspondiente a la limitación a la libertad personal que realizó Joel Alberto “B”, en su calidad de servidor público del rastro municipal de Felipe Carrillo Puerto, en contra de dos periodistas que reportaban sobre las condiciones de salubridad.
Posteriormente, llegaron elementos de la Policía Municipal, al mando de Baltazar “D”, quien les puso como condición para dejarlos ir, que se eliminaran todas las imágenes que habían tomado del lugar, limitando así su libertad de expresión y el derecho a informar a la sociedad sobre hechos de interés público.
Cabe recordar que el 25 de julio, un juez federal otorgó medidas cautelares a favor de los reporteros José Yam y Juan José López, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, mediante los cuales los funcionarios municipales no pueden acercarse a las víctimas o sus domicilios en un rango de un kilómetro así como la reparación de daños y una disculpa pública. (Noticaribe)