Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Habitantes de comunidades mayas de Ixil y Kinchil, denunciaron en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el despojo de tierras de forma ilegal, además que observan que empresas inmobiliarias buscan establecerse de forma ilegal, mientras que cada vez aumenta la contaminación en su zona.
En rueda de prensa, se unieron para mencionar que cada vez se ven más amedrentados para ceder el derecho sobre sus tierras.
Federico May, uno de los habitantes de Kinchil, indicó que a menudo observan la venta de terrenos que luego son tomados por empresas inmobiliarias.
“Hay muchos proyectos inmobiliarios que contemplan ocupar esta zona, estamos preocupados porque cientos de familias dependemos de esta tierra de Kinchil, estamos amenazados por las industrias contaminantes”, indicó.
De igual forma, expuso que su territorio se ha visto afectado de forma directa por el establecimiento de granjas porcícolas, principalmente de la empresa Kekén, misma que afecta su fuente de trabajo.
“Nuestra comunidad está en medio de una selva maya, y vivimos de ella porque producimos muchos productos, mucha miel y nuestra zona tiene una riqueza biológica inimaginable y no queremos que nos las destruyan”, apuntó.
Luis David Quijano, ex comisario municipal de Ixil, compartió que el despojo de tierras afecta la labor y el tejido social del ejido y han identificado a familias ‘adineradas’ que son las que buscan saquear su zona.
“Estos señores son testarudos y ahora entran a medir los terrenos que quieren con drones, a las 4:00 o 5:00 de la mañana para que según no los veamos y buscamos tomar cartas en el asunto”, enfatizó.
Las familias a las que se refieren son Abimerhi y Millet, quienes buscan comprar y ocupar los terrenos con diversos proyectos.
Para combatir este tipo de situaciones, justo el pueblo se ha unido para iniciar un Ordenamiento Ecológico para frenar el desarrollo inmobiliario en la zona.
En relación a la toma de terrenos por parte de las familias mencionadas, Luis David expuso que el pasado agosto intentaron ocupar de forma ilegal una superficie de 324 hectáreas de tierras de uso común colindantes con la población de Ixil.
Sin embargo, ellos tienen pruebas de que esas tierras pertenecen a las comunidades, pues las usan para producir diversos alimentos.
Incluso argumentan que las tierras no pueden venderse porque fueron expropiadas en virtud de la Resolución Presidencial de Ampliación del ejido de Ixil, firmada por el Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937, así este decreto está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939.
“Aquel día ellos llevaron maquinarias y patrullas, pero la gente se alborotó porque estas tierras las usamos para hortalizas, y esta de hecho es el área más buena para producción”, explicó.
Sergio Oceransky, de la fundación Yansa, también indicó que las familias en cuestión que buscan apoderarse de los terrenos, indican que los campesinos cuentan con un documento ‘viejo’ y que no es válido para los trámites actuales.
Hoy, dijeron que como pueblos indígenas no tienen nada que celebrar y piden que se investigue el actuar del comisario Isidro Navarro, porque sospechan que él apoya el establecimiento de empresas y desarrollos inmobiliarios.
Hicieron así un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque ya han interpuesto denuncias contra otros desarrollos como Terrakún y Cedrón.
Esto debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya les ha confirmado que no hay autorizaciones para el desarrollo de proyectos en Ixil.
Las y los campesinos denunciaron otros problemas que se suman al despojo de tierras, como por ejemplo, en contubernio con las presidencias municipales, se permite que la basura de otros municipios como Conkal sean tirados en la zona, lo que ya les genera problemas de contaminación.
En el caso específico de Kinchil, denunciaron que ya los han intentado despojar de 5 mil hectáreas de tierras que han trabajado por años.
Recordaron que tienen un caso identificado con el cenote Xelactún, del que se quiere adueñar alguien ajeno a la comunidad, llamado Cuauhtémoc Ayala Arzapalo, situación que llevó al cierre del mismo y esto afectó a una cooperativa de jóvenes que habían recibido más de un millón de pesos para un proyecto de ecoturismo.
Lamentaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los Tribunales Agrarios no les apoyan y desestiman sus luchas. (Noticaribe)
