Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Desde la academia, hoy se unen a la defensa del territorio del pueblo de Ixil, en donde sus habitantes han sido criminalizados sólo por cultivar sus tierras, además, acusaron que en Yucatán existe una mafia agraria.
En rueda de prensa, María Teresa Munguía Gil, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), mencionó que se trata de una ‘mafia agraria’ en el estado la que busca despojar a las personas de Ixil de su territorio.
“Se repite la historia de despojo, en términos reales vivimos en la época de las haciendas porque siguen siendo los hacendados los despojadores con los capataces que llegan a las comunidades a presionar a las personas, a agredir e intentar seguir esclavizando, pero ahora de otras maneras”, mencionó.
En su caso, ha colaborado en el desarrollo de varios proyectos para el bienestar de las mujeres y la comunidad.
El primer proyecto financiado en 2020 por Redes Horizontales de Conacyt, fue impulsado para que Mujeres Mayas enfrentaran el impacto combinado del covid-19 y las tormentas” tropicales” Delta y Cristobal que inundaron Ixil.
También, se establecieron huertos, una granja colectiva, 12 granjas familiares y 20 individuales de producción de huevo orgánico, apoyando directamente a 82 mujeres. La granja colectiva se implementó en las tierras de uso común que fueron cercadas por orden de la Fiscalía.
“Ahora estos beneficios están siendo vulnerados por el cerco que hay”, mencionó.
El segundo proyecto financiado por fondos nacionales del Pronaces y coordinado por la doctora Amina El Mekaoui, tiene por objetivo brindar apoyo a tres equipos de campesinos a través de la implementación de sistemas de bombeo, para satisfacer la necesidad de agua y fortalecer las economías familiares. Incluye la instalación de un vivero en el que trabajan más de 15 mujeres comprometidas con el desarrollo local, así como a dos grupos de varias decenas de familias campesinas que dedican sus parcelas a la producción de hortalizas y cebollita.
Gabriela Torres-Manzuera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) explicó que Ixil es un pueblo maya con una larga historia colectiva vinculada a un territorio e identidad, sin embargo, su territorio ha ido disminuyendo y aunque se han solicitado ampliaciones a lo largo de su historia, sólo una fue aceptada en 1937 pero ejecutada 45 años después.
Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, mencionó que la ambigüedad legal en la que se han encontrado las tierras de Ixil a lo largo de la historia, propicia que terceros busquen apropiarse de ellas.
“El año pasado hubo un primer intento de despojo con el uso de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la comunidad respondió porque son cientos de familias que defienden lo suyo”, indicó.
Lo ocurrido el pasado 17 de agosto sería el segundo intento de despojo, pero ahora con el acompañamiento de una denuncia legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Es algo que no tiene sentido, se trata de una medida cautelar que ha dictado la FGE, por la cual dictamina este segundo intento de despojo, acompañados de algo que es completamente inexplicable, o sea de una medida cautelar. Nadie sabe quién denunció o a quién se denuncia, pero suponemos que son los Millet o Abimerhi, pero la Fiscalía decide que hay que asegurar las hectáreas en lo que se investiga”, añadió.
En este sentido, el grupo de académicos considera que hay violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, pues por ejemplo, en el último enfrentamiento se usaron a más de 500 elementos policiacos para amedrentar a la población, impidiendo el acceso a sus propios terrenos.
“A la Fiscalía le parece que tiene sentido hacer esto, pero las personas no van a abandonar sus tierras”, aseguró.
Incluso denunciaron complicidad por parte de la presidencia municipal porque aunque se han retirado elementos policiacos, ahora hay personas que consideran forman parte de un “grupo de choque” para amedrentar a la población, ahí duermen, se bañan y se alimentan en la comunidad.
“Buscan criminalizar a campesinos por cultivar tierras que han usado toda su vida”, puntualizó.
Actualmente, 103 personas (integrantes de la academia de UADY, UNAM, ENES, Pedagógica Nacional en Yucatán, UAM, CIESAS, así como OSC de derechos humanos, indígenas y de mujeres) han firmado el respaldo para apoyar a la comunidad de Ixil y a la par existen 3 mil 900 firmas con la acción urgente www.change.org/NoAlDespojoIxil (Noticaribe)