PLAYA DEL CARMEN, MX.— Con el objetivo de reforzar la protección y bienestar de los animales en Quintana Roo y prevenir la normalización de la crueldad al establecer sanciones más severas por maltrato animal, la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, Estefanía Mercado, propuso reformas a los artículos 179-bis y 179-ter del Código Penal, así como los artículos 119 y 121 de la Ley de proteción y bienestar animal, ambas de nuestro estado.
La propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones por maltrato animal. “Buscamos establecer penas más severas en los casos de crueldad animal y maltrato que ponga en peligro la vida o cause la muerte del animal”, explicó Estefanía Mercado.
Además, en la iniciativa de reforma, se plantea la aplicación de sanciones administrativas y la destitución para servidores públicos cuando estén involucrados en actos de maltrato y crueldad animal.
En el Código penal, la propuesta contempla modificar la pena para maltrato intencional que no ponga en peligro la vida del animal, actualmente de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta días multa, para que pase de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, respectivamente.
Si el maltrato intencional causa la muerte del animal, la pena actual de uno a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa se propone aumentar a cuatro a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.
En ambos casos, si participaran funcionaros públicos, se aplicará la destitución en el cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término igual al de la pena de prisión impuesta.
En la Ley de Protección y Bienestar Animal, las penas actuales para maltrato animal que se sancionan con una multa, se propone que esta sea de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el doble de lo previsto para otras conductas prohibidas por la ley; y en los casos donde el infractor sea un servidor público, se aplique una sanción administrativa que consista en la destitución en su cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término de 10 años.
“Con esta iniciativa, buscamos enviar un mensaje claro de que estas conductas no serán toleradas; asimismo, la aplicación de sanciones administrativas como la destitución para servidores públicos involucrados enfatiza la importancia de la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los derechos de los animales y promueve una cultura de respeto hacia los mismos”, puntualizó Estefanía Mercado. (Fuente: Congreso de QR)
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