Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Ante la falta de una regulación expresa para la aplicación de la Ley 3 de 3 vigente en Quintana Roo y de un marco legal para legitimar una respuesta, trabajadores no han logrado obtener las constancias que acrediten que no son deudores alimentarios y el certificado de no encontrarse sancionados por violencia.
La consejera presidenta de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Salomé Medina Montaño, confirmó que trabajadores del Poder Legislativo han solicitado a la instancia administrativa una constancia para demostrar que no se encuentran en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia “y la respuesta que les hemos dado por oficio es que no tenemos acceso al padrón nacional en la materia”.
Cabe señalar que las solicitudes han hecho referencia a constancias respecto al Registro Federal y no el estatal de personas sancionadas por violencia en razón de género.
Aclaró que en el caso del Registro Estatal “debemos consultarlo en el Consejo General ya que se trata de un documento que no tiene una regulación expresa y no hay un marco legal para legitimar una respuesta a esa petición”.
Sin embargo, explicó que de acuerdo con las estadísticas, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Políticia en Razón de Género tiene inscrito el nombre de nueve personas, las cuales tienen suspendidos sus derechos políticos por ser responsables de violencia política en razón de género.
Aclaró que en este caso, el padrón es público y cualquier instancia patronal puede tener acceso para determinar si alguno de sus empleados es motivo de alguna situación laboral extraordinaria.
De acuerdo con el registro del Ieqroo las personas sancionadas e inscritas son Cristian Alberto Ojeda Chuc, Ángel Antonio Ortiz Franco, Merced Ortiz Maya, Carlos Antonio Mimenza Novelo, Luis Gamero Barranco, Luis Manuel May Alcocer, Grecia de la Rosa, María Pisté y Danna Ramírez.
Cabe señalar que en el caso de las constancias de no deudor alimentario, fuentes consultadas explicaron que no hay claridad ante qué instancia deben recurrir los trabajadores para obtener dicho documento ya que pudiera tratarse de un tema que maneje la Fiscalía General del Estado, el sistema DIF o las instancias judiciales responsables de determinar si se incurre en en ese delito.
Cabe recordar que la Décimo Séptima legislatura solicitó a sus trabajadores, vía oficio, la constancia que los acredite como no deudores alimentarios y otra de no estar sancionado por violencia en razón de género y no estar inscritos en el Registro Federal, con el propósito de actualizar los expedientes laborales. (Noticaribe)
