Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Bajo engaños y manipulaciones, ejidatarios de Celestún habrían sido despojados de más de 3 mil 500 hectáreas para que se estableciera una de las granjas más grandes del estado, en la que incluso se producen hasta dos millones de cerdos al año, pero ahora, lograron que el Tribunal Unitario Agrario les restituye sus derechos y por ende, la posesión de sus tierras.
Habitantes de Celestún compartieron en rueda de prensa que tuvieron una victoria en torno a este caso, ya que bajo el expediente 253/2020, se ordena restituir los derechos a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus tierras.
Esto quiere decir que las tierras que les fueron arrebatadas volverán a pasar a su posesión nuevamente.
Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún explicó que en sí fueron engañados por el comisariado ejidal y por Rafael Acosta Solís, porque en 2019 estas personas les informaron que habían ganado un juicio en contra de Kekén.
Como parte del proceso, incluso les llamaron a recibir un pago de 12 mil pesos por ejidatario.
“Nos dijeron que ese pago era por la compensación obtenida en esa supuesta victoria judicial. Para recibir el dinero, nos hicieron firmar recibos en blanco”, describió.
Sin embargo, luego supieron que Acosta Solís había llegado a un acuerdo ‘bajo el agua’ con la empresa Kekén y en sí, el dinero recibido funcionaba como un pago por sus tierras, a la vez que esto les quitaba derecho sobre sus tierras.
Saúl Rodríguez Gutiérrez, también ejidatario, compartió que ellas y ellos nunca han estado de acuerdo con entregarles tierras a Kekén.
“Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja”, mencionó.
Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, la cual otorgó asesoría legal gratuita a los ejidatarios de Celestún, detalló que bajo el engaño encabezado por Acosta Solís, fueron despojados de más de tres mil 500 hectáreas de tierras de uso común.
También Oceransky expuso que con esta sentencia el Tribunal Unitario Agrario, impidió que este despojo se convirtiera en legal.
Como parte del proceso de investigación de este caso, también fue posible saber que Rafael Acosta recibió un pago de un millón 449 mil 348 pesos, mientras a los ejidatarios, mediante engaños, se les dio un pago de 12 mil pesos a cambio de firmar documentos para despojarlos de sus tierras.
Las y los ejidatarios también han demandado al notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, porque fue parte de este proceso ilegal.
La lucha de este pueblo lleva más de cuatro años y a pesar de que han pedido desde 2012 que la granja sea removida de sus tierras, su caso no ha sido retomado.
Denunciaron que esta granja contamina el principal cenote de donde se surte el agua para la comunidad de Celestún. (Noticaribe)