MÉRIDA, MX.-El caso de criminalización que han vivido las personas de Sitilpech por defender sus tierras es uno de los más graves en México junto con otros en Chiapas, Morelos y Puebla, de acuerdo con Amnistía Internacional.
La organización Amnistía Internacional México realizó un informe en el que expusieron casos en los que personas de comunidades han sido criminalizadas sólo por defender su territorio.
El caso de Sitilpech fue retomado debido a que pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
Sin embargo, no es un caso aislado, ya que en Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
Igualmente, en Zacatepec, Morelos, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial.
Mientras que en Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo; y en Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el derecho a la protesta es una vía fundamental que tienen las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, sobre todo cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas.
Sin embargo, diversas autoridades estatales han utilizado la vía penal en su contra sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Igualmente, han identificado que las autoridades no toman en cuenta el contexto de las personas que luchan y entonces emprenden procesos que mayormente vienen acompañados de estigmatización.
Además, el amedrentamiento y el uso del sistema punitivo se hace con total impunidad y libertad por parte de las autoridades.
Como parte de los registros, hallaron que en estas luchas, hay constante violación a los derechos humanos y a la vez uso excesivo de la fuerza.
Amnistía advirtió que este trato hacia las y los defensores de territorio tiene implicaciones físicas, psicológicas y económicas, como enfermedades, dolores físicos como consecuencia de golpes recibidos, miedo, ansiedad, dificultades para dormir, estrés, impotencia, sentimiento de injusticia por lo que les pasó y afectaciones en su labor de defensa de derechos.
“Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. (Noticaribe) (Por Itzel Chan)