Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Como parte de la presentación del informe de la situación de interrupción del embarazo en Yucatán, entre las recomendaciones que hicieron activistas está la urgencia existente para que que el Congreso del Estado retome el tema de la despenalización del aborto.
Durante la presentación de dicho informe, quienes integran el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) expusieron el panorama que existe en Yucatán en relación al tema del aborto.
Después de identificar todas las barreras que hay en este tema, hicieron un par de recomendaciones, entre ellas que el Congreso del Estado de Yucatán debe fortalecer las actividades legislativas en materia de derechos humanos, en particular respecto a la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
A la par se deberá armonizar la Constitución Política del Estado de Yucatán con los estándares internacionales y fortalecer las políticas públicas en
materia de acceso a la salud sexual y reproductiva.
Para ello, mencionaron la existencia del programa de aborto seguro en Yucatán que solo es implementado en el Hospital Agustín O’Horán, pero no cuenta con
lineamientos o protocolos de actuación, lo que genera una aplicación abstracta e incierta del programa
“En Yucatán existe un gran número de barreras de acceso a la salud, sobre todo sexual y reproductiva para las mujeres y personas gestantes. Estas barreras no solamente se deben a la falta de información en materia de educación sexual, sino la poca atención que se le presta a la correlación que hay con otras problemáticas como la violencia sexual y los embarazos adolescentes, como ha sido expuesto previamente”, añadieron.
No obstante, pese a lo expuesto, en el recinto legislativo no se ha votado sobre la despenalización del aborto, aun cuando en febrero de 2022 un colectivo de mujeres ganó un amparo.
Actualmente, con el Código Penal del Estado de Yucatán, castigan a la mujer o persona con capacidad de gestar que decida ejercer su derecho interrumpir el embarazo.
Integrantes de Cejudi resaltadon que tanto la penalización como la criminalización de este derecho, viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes reconocidos por el derecho internacional, incluido el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud; el derecho a no sufrir tortura.
Uno de los factores que influyen es que Yucatán es un estado históricamente conservador, por ejemplo, para 2020 el Inegi registró un total de un millón 597 mil 707 personas que se reconocen como católicas, lo que representa el 74.3% de la población, es decir, una religión que se caracteriza por tener una mirada conservadora que también fomenta prejuicios en contra de las mujeres, personas de la comunidad LGBTQIA+, personas migrantes y en el caso de las mujeres, prevalece la idea patriarcal de que su función en la vida es procrear.
Además, en Yucatán se identifican, al menos ocho organizaciones con agenda conservadora.
Para la directora ejecutiva de Cejudi, María Paula Balam Aguilar y el equipo de trabajo, es importante reducir las barreras legales y sociales que se han impuesto a las mujeres y a las personas gestantes al momento de acceder a los servicios de salud reproductiva. (Noticaribe)