Paro de labores en Juzgados federales de Quintana Roo a partir de hoy hasta el martes como rechazo a la desaparición de fideicomisos e intento de reducción de presupuesto, tras señalamientos de corrupción en la SCJN por parte del presidente Obrador

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al confirmarse la cancelación de 13 de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la intención de la Cámara de Diputados de disminuir el presupuesto para el 2024, trabajadores sindicalizados del Poder judicial de la Federación iniciaron un paro de labores a partir de este jueves y hasta el próximo martes como rechazo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la suspensión escalonada de actividades que realizaron durante esta semana, 67 representantes sindicales estatales en asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente determinaron suspender actividades por espacio de cuatro días hábiles.

En este paro de labores de aproximadamente 54 mil trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, 900 corresponden a los juzgados federales de Quintana Roo.

El secretario general del Sindicato, Jesús Gilberto González Pimentel, manifestó el rechazo a la campaña de desprestigio y calumnias que emprendió el presidente Andres Manuel López Obrador contra el Poder Judicial de la Federación por cuestiones políticas ya que no permitieron la vulneración de la autonomía y plegarse a sus intereses personales.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 fideicomisos bajo el argumento de manejos irregulares de 15 mil millones de pesos y utilizados para gastos superfluos. Además pretenden reducir el presupuesto para el 2024.

En su comparecencia ante los diputados, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gisela Morales, explicó que la solicitud de presupuesto para el 2024 registra un aumento del 4 por ciento el cual asciende a 84 mil 792.4 millones de pesos que servirá para la creación de 22 nuevos juzgados para justicia laboral; seis de justicia penal; tres centros regionales de ejecución y 14 tribunales para la Ciudad de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones encaminadas a eficientar el ejercicio de los recursos, pero no detectó irregularidades, añadió. (Noticaribe)