Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Desde febrero, asociaciones civiles ganaron un amparo en contra el gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado porque no fue incluida una partida presupuestaria específica para creación de políticas públicas para la comunidad LGBTQ+, por lo que se tendría que hacer un reajuste antes que terminara este año, no obstante, el Poder Legislativo ha pedido prórrogas para llevarlo a cabo.
Integrantes del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus impulsaron este amparo para garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+) y aunque el resolutivo fue favorable, desde el Congreso local aún no se ha hecho un ajuste de presupuesto tal como el Juzgado de Distrito lo instruyó.
Al respecto, Ernesto Barajas, coordinador de Litigio Estratégico de la asociación Amicus, mencionó que aún no ha sido posible ver materializada su demanda.
“El Poder Ejecutivo particularmente lo que hace es decir que sigue avanzando y que sigue trabajando, que hace las adecuaciones, pero lamentablemente aún no se concreta nada. Confiamos en la buena voluntad porque podían tal vez impugnar y no lo hicieron, han pedido prórrogas y estamos apelando a la buena voluntad”, mencionó.
Ernesto compartió que en el caso de Guanajuato cuando ganaron el amparo por el mismo tema, el reacomodo del presupuesto se hizo hasta diciembre, por lo que no descartan que en Yucatán suceda lo mismo.
Sin embargo, sí especificó que para el presupuesto 2024 ya es un hecho que dentro del presupuesto deberá haber un apartado destinado para la creación de políticas públicas que favorezcan los derechos de la comunidad LGBTQ+.
“Es obligatorio que en 2024 deba estar incluida esta partida presupuestal sin necesidad de que hagamos un nuevo litigio”, aseguró.
Otros estados en los que se cuenta con una partida presupuestaria para este segmento de la población son Estado de México, Querétaro, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí. (Noticaribe)
