Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Para quienes filtren información, fotografías o videos de personas asesinadas, principalmente mujeres, se busca castigar con una pena hasta de 10 años de cárcel.
La iniciativa propuesta por la legisladora Alejandra Novelo Segura hace énfasis en los servidores públicos que difundan información sobre asesinatos.
Para la morenista, esta es una forma de proteger y salvaguardar los derechos humanos.
La propuesta que fue presentada este día busca proteger a toda persona que además de ser víctima de delitos, la autoridad, por cualquier motivo, económicos, por apariencia o encubrimiento u otra, filtre la información y que esta impida el acceso a la justicia.
“Las violencias contra las mujeres por desgracia no acaban cuando son asesinadas, en ocasiones, se filtra información, imágenes, detalles de la vida o el estado emocional y de salud de las víctimas”, indicó.
La legisladora mencionó que ya este tipo de iniciativas fue aprobada en Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Querétaro, y ya es una conducta delictiva en el Código Penal Federal, así como en Colima, Oaxaca, además de la Ciudad de México.
De esta manera, la propuesta ampara a cualquier persona que sea víctima de un delito cuando cualquier tiempo de información del expediente judicial sea filtrado.
Las penas oscilan entre los dos y los diez años de medida privativa de la libertad, multas entre treinta a mil unidades de medida y actualización, así como diversos impedimentos para ocupar cargos públicos o concursar por la provisión de servicios.
Novelo mencionó que esta es una forma de evitar que algunos funcionarios impidan el acceso a la justicia y revictimice tanto a las víctimas como a sus familiares.
“Esta iniciativa busca que alguna persona servidora pública que busque minimizar las violencias, denigrar a las víctimas o sus familiares”, explicó.
Entonces se propone adicionar un artículo 268bis, correspondiente al título Décimo Cuarto del Código Penal, relativo a los delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público.
En este sentido, se propone sancionar con cinco a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Se contempla que la pena se agrave en un tercio cuando las filtraciones sean de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; o bien, se divulgue las circunstancias de la muerte, las lesiones, el estado de salud o emocional de las víctimas. (Noticaribe)
