Chetumal.- Es falso que el Gobierno del Estado esté impedido para destinar obras públicas en la zona limítrofe con Campeche, ya que no hay ninguna prohibición legal o judicial, afirmó hoy Andrés Blanco Cruz, representante legal de estas comunidades, quien así desmintió a Irazú Sarabia, secretaria de Obras Públicas
La funcionaria estatal justificó ayer la exclusión de estas comunidades del presupuesto 2024, al afirmar que la falta de certeza jurídica sobre esa zona, por el litigio entre Quintana Roo y Campeche, impide que destinen allí recursos públicos.
Ante ello, Blanco Cruz opinó que en realidad la funcionaria desconoce el tema y le falta ser informada adecuadamente por parte del área jurídica.
“Lamentamos las declaraciones de esta funcionaria, sobre todo que lo hacen sin tener conocimiento de la situación”, agregó.
El ex regidor de Othón P. Blanco que en el 2019 estas comunidades promovieron amparos para obligar a Quintana Roo a dotarlos de agua potable, la resolución que se dio un año después obligó al Congreso a designada un presupuesto de 100 millones de pesos para este servicio, lo que fue impugnado por Campeche por una supuesta vulnerabilidad de su soberanía.
Sin embargo, la Suprema Corte en ese entonces determinó que no había ningún impedimento de carácter legal para que Quintana Roo atendiera esa zona. Ese criterio continúa en vigor hasta en tanto se resuelva el litigio de fondo.
De forma histórica, Quintana Roo y Othón P. Blanco han desatendido a esas comunidades, razón por la que comenzaron a interponer recursos de amparo para obligarlos a ingresar obra pública. A su criterio, se ve que lo que realmente ha faltado, y falta hasta el presente, es voluntad política.
“Creemos que tal vez como electoralmente no representa mucho, por eso a estas comunidades las hacen menos”, lamentó.
Blanco Cruz añadió que el alegato que están impedidos de invertir en la zona es tan falso, que lo desmiente el propio presupuesto de egresos de 2024, donde está asignada una partida para llevar agua potable a estas comunidades. Esto fue logrado a través de una orden judicial, debido a que por años a los funcionarios han olvidado que tiene que respetar la constitución donde establece hasta donde llegan sus límites.
Es decir, sin importar el litigio, la constitución de Quintana Roo señala que estas comunidades pertenecen a la entidad, y las autoridades están obligadas a atenderlos en sus necesidades básicas.
En esas comunidades muchos pobladores tienen documentos que los acreditan como parte de Othón P. Blanco, expresó, además el mismo Ayuntamiento cada tres años convoca a elección en las comunidades y subdelegaciones, “pero de poco sirve que se nombren autoridades si no hay la intención de atenderlas”, dijo.
Los representantes de esta zona han buscado acercamientos desde el año pasado con la Secretaria de Obras Públicas, al parecer sin éxito alguno, por lo que solicitarán la mediación de la Secretaría de Gobierno.
La titular de esta secretaría, Cristina Torres Gómez, efectuó en abril una consulta popular en la zona limítrofe, para conocer sus necesidades, y a partir de allí ha enviado a caravanas de Salud, además de gestionar con CAPA más obras de agua potable, más allá de las obtenidas por litigio. En estas circunstancias, ignoran por qué la Seop se niega a atenderlos.
Hoy sostendrán una asamblea con 15 de estas comunidades, y plantearán la posibilidad de ingresar un amparo para obligar a que se atiendan los caminos y carreteras, abandonados desde hace 20 años, con el argumento del derecho humano a la movilidad. (AGENCIA SIM)