Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En el Congreso del Estado de Yucatán se ha sesionado de manera apresurada sobre algunos temas antes de que termine este periodo, sin embargo, dentro de las decisiones que se han tomado, activistas acusan que una vez más se han violado derechos humanos de la ciudadanía.
De los hechos más recientes y de las sesiones que se han registrado en las últimas dos semanas, por ejemplo, las y los legisladores aprobaron 52 mil 885 millones de pesos destinados para la administración de 2024, pero no hicieron un apartado de recurso para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+).
En este sentido, activistas han calificado de LGBTQfobia institucional al actuar del Gobierno local y el Congreso de Yucatán, ya que hubo desacato a la sentencia de amparo 226/2023-VII.
El activista Cesar Briceño , miembro del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, comentó que en el estado hay rehúso hacia el respeto a los derechos humanos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, esto a pesar de que Yucatán es la segunda entidad con mayor porcentaje de personas LGBTQ+ en México, ya que al menos el 8.3% yucatecos mayores de 15 años afirmaron ser parte de la comunidad de la diversidad sexual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aun cuando activistas criticaron esta forma de actuar en la que el gobernador Mauricio Vila Dosal y Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, cayeron en desacato de orden judicial por este tema, las y los legisladores volvieron a cometer otro acto en el que se vulneran los derechos humanos de la sociedad, eligiendo a un magistrado con antecedentes de violencia laboral y de género.
Fue este martes cuando en el Congreso del Estado se designó a Armando del Jesús Mendoza Casanova como magistrado del Poder Judicial, ignorando así los señalamientos que habían hecho diversos grupos haciendo referencia a diversas denuncias por violencias cometidas por esta persona.
La académica y activista, Ligia Vera Gamboa, lamentó la decisión tomada por el Congreso local y comentó que junto con las agrupaciones que han exhibido la situación recurrirán a la vía legal para interponer un amparo y que así esta designación sea analizada por segunda vez.
“Una persona con ese perfil no puede ser una persona digna de impartición de justicia y menos para lo que corresponde a las niñas y las mujeres. Eso además incumple el espíritu de la Ley 3 de 3 aprobada con bombo y platillo por esta legislatura donde la mayoría son diputadas”, resaltó.
Sobre este tema, quienes impulsaron la Ley 3 de 3 contra la violencia, como Yndira Sandoval, también han acusado a Vila Dosal de atentar contra la Constitución Mexicana y al mismo tiempo, consideró que ahora Yucatán es una “vergüenza nacional”.
De esta forma, igual diversas agrupaciones como la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) han criticado que el Tribunal de Justicia de Yucatán resolviera que el Congreso del Estado no cometió omisión legislativa al no abordar ni discutir el tema de la despenalización del aborto, a pesar de que diversos colectivos han traído el tema a la agenda pública desde hace más de cinco años. (Noticaribe)
