Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- “El desdén de esta legislatura por la legalidad, los derechos humanos y las poblaciones vulnerables es escandaloso…como colectivo continuaremos por la vía legal para hacer que el Congreso del Estado cumpla la sentencia de destinar un recurso para políticas públicas que atiendan a la comunidad de la diversidad sexual”, precisó Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.
Ante las decisiones tomadas recientemente en el Congreso del Estado, dentro de las cuales se aprobó un presupuesto de 52 mil 885 millones de pesos para 2024, en el que no se destinó una partida para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Queer y más (LGBTQ+), el activista resaltó que a las y los diputados no les importa el bienestar real de la población.
“Son los perfiles mercenarios a quienes no les interesa el bienestar de las y los yucatecos sino que están solamente para servir los intereses personales del gobernador, en la espera de ser premiados con otro puesto en las próximas elecciones”, precisó.
Por la inconformidad de las decisiones tomadas por la actual legislatura, dijo que no se quedarán con los brazos cruzados hasta que tengan la respuesta que les corresponde como ciudadanía.
“Continuaremos por la vía legal para hacer que se cumpla la sentencia porque esta es la única opción tardada, pero eficaz que tenemos la sociedad civil organizada para avanzar en la agenda de los derechos humanos de Yucatán. Al estar la autoridad en desacato, el juicio continúa hasta que acaten”, mencionó.
El activista hizo referencia a la sentencia dictada el 13 de junio de 2023, en la que el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida les concedió el amparo para que dentro del presupuesto se les concediera una partida que beneficie a la comunidad de la diversidad sexual.
Recordó que el gobernador Mauricio Vila, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda y el presidente de la Mesa Directiva, Erick Rihani tenían conocimiento de que existía esta sentencia que debían acatar, pero pasaron seis meses solicitando prórrogas.
“No encontramos otra explicación que la homofobia institucional cuando vemos a un gobernador y a un Congreso dispuestos, deliberadamente, a no acatar una sentencia en lugar de reconocer la deuda histórica que tienen con la comunidad LGBTQ+”, resaltó.
Dijo que incluso en el análisis del presupuesto, los diputados Lozano Poveda y Erick Rihani tenían la facultad para hacer precisión en este tema, pero prefirieron dejarlo pasar.
César Briceño también expuso que no es el único tema en el que el Congreso local viola los derechos humanos de las y los yucatecos.
“Queda clarísimo cuando vemos la manera en la que con total impunidad y legalidad desmantelaron el Poder Judicial para poner a magistrados a modo que le cuiden la espalda a la administración saliente. Su cinismo es temerario cuando incluso violaron la Ley 3 de 3 que aprobaron y que han presumido y usado para lavarle la cara a su legislatura y al gobierno de Mauricio Vila a nivel nacional”, señaló.
De esta manera, el activista lamentó que en Yucatán la lucha por los derechos humanos tenga que comenzar con la exigencia ante las autoridades para respetarlos. (Noticaribe)
