Por Rafael Briceño
CANCÚN, MX. – Ante la ilegal cancelación anticipada de la concesión para el otorgamiento del servicio de agua potable y bajo una errónea interpretación de la Décimo séptima legislatura – aún cuando no es la autoridad concedente – el gobierno del Estado y los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, como autoridades concedentes, tendrán la obligación de indemnizar a Aguakan y a sus inversionistas, incluidos los más de 22.5 millones de trabajadores “esto en absoluto perjuicio de las finanzas públicas del Estado ya que la indemnización deberá cubrir los muchos miles de millones de pesos invertidos por la Concesionaria y sus inversionistas a lo largo del tiempo”, advirtió la empresa.
A través de un comunicado firmado el 29 de diciembre por Paul Andrew Rangel Merkley en su calidad de director general de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), dirigido a la gobernadora, Mara Lezama; a los diputados integrantes de la Décimo séptima legislatura; al presidente de la Comisión Transitoria Especial para el Seguimiento y Atención de los Temas referentes a las Concesiones (sic) otorgadas a la Compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. “AGUAKAN”, Humberto Aldana Navarro y a las presidentas municipales de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña; Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda; Isla Mujeres, Teresa Atenea Gómez Ricalde y de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz explicó que “aún cuando el Poder Legislativo no es autoridad concedente, pretende interpretar que el plazo de la concesión concluye este 31 de diciembre del 2023 cuando la realidad es que desde diciembre del 2014, la fecha de vencimiento de la mencionada concesión se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2053”
Asimismo, señaló que dentro del acuerdo para dicha ampliación Aguakan pagó una contraprestación al Gobierno del Estado de Quintana Roo de más de mil 070 millones de pesos, además de que asumió el compromiso del pago de una contraprestación periódica al Gobierno del Estado misma que, desde el inicio de la concesión, ha ascendido a más de 7 mil 900 millones de pesos.
Señaló que, de manera adicional, Aguakan atiende y da servicio de agua potable a más de 1.5 millones de personas y mediante inversiones de infraestructura que superan los 8 mil millones de pesos ha construcción y dado mantenimiento de un sistema de agua de clase mundial que además sanea y trata las aguas negras generadas, esto es más de 31.5 millones de metros cúbicos anuales.
En pocas palabras, el sistema hidráulico de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo es un ejemplo para el país, señaló en el comunicado.
Rangel Merckley expresó la profunda inquietud por la pretendida terminación ilegal de la concesión ya que las acciones tomadas a esta fecha por la Legislatura del Estado pretenden privar a Aguakan de derechos fundamentales a su favor, sin causa alguna y sin previo y debido procesa y estas medidas también amenazan el derecho humano al agua de la población de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos por pretender ejecutarse improvisadamente y sin justificación.
Hizo hincapié en que más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos participan como inversionistas de Aguakan, a través de las Afores que invirtieron en dicha empresa “y una cancelación ilegal de la concesión impactaría significativa y negativamente el patrimonio de los trabajadores del pais, asi como en la confianza de los inversionistas en el estado de derecho y la seguridad jurídica de Quintana Roo”.
Hacemos un llamado urgente a todos los órganos de gobierno del Estado de Quintana Roo, especialmente a la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, para que se conduzcan dentro del marco legal, protejan el derecho al agua y los derechos constitucionales de quienes invierten en su Estado y también solicitamos actúen con base en resoluciones judiciales firmes, asegurando el respeto a la ley y el estado de derecho en Quintana Roo. La preservación de un ambiente legal justo y predecible es crucial para mantener la confianza en las inversiones privadas y en el crecimiento de Quintana Roo, sentenció. (Noticaribe)
