Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Diversos grupos que se opusieron al nombramiento de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, dieron a conocer que uno de los amparos que metieron para que él sea retirado de su cargo fue admitido, debido a que se han detectado diversas violaciones a derechos humanos.
El amparo en cuestión está marcado con el número 32/2024 y fue presentado el pasado 4 de enero, por lo que el 15 de enero fue admitido.
La Jueza Grissel Rodríguez Febles del Juzgado Quinto de Distrito fue quien reconoció que el nombramiento de Mendoza Casanova, cae en inconstitucionalidad por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal y de las y los legisladores que aprobaron su nombramiento.
Una de las violaciones que se cometió con su nombramiento es la del principio de paridad, ya que tanto Vila Dosal, quien propuso la terna de candidatos a ocupar la magistratura, así como el Congreso del estado, que designó al magistrado, no cumplieron con el principio de igualdad entre el varón y la mujer.
También se observa la violación al procedimiento de nombramiento, pues se pasó por alto la obligación que tienen, tanto el gobernador del estado en su calidad de promovente de la terna, como el Congreso del estado en su calidad de revisor de las propuestas, de proponer y nombrar a personas que gocen de buena reputación, que cuenten con una trayectoria laboral intachable y que se hayan conducido con ética en el desempeño de sus funciones.
En este caso, Luis Armando tiene antecedentes y denuncias de violencia de género; incluso se detectó una observación marcada con el número 153/2019, en la que se le indica capacitarse en Derechos Humanos y derechos de las infancias, situación que negó durante su comparecencia en el Congreso.
Igualmente, hubo violación al mandato de Juzgar con perspectiva de género, pues el nombrarlo representa un riesgo para el acceso a la justicia con perspectiva de género de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el estado de Yucatán.
Por lo tanto, las autoridades involucradas en este nombramiento deberán emitir sus informes a la Jueza del Juzgado Quinto, ya que ella valorará si este reclamo de organizaciones implica también una violación a la Constitución Federal y Estatal. (Noticaribe)
