ESPAÑA.- Los separatistas que lidera Puigdemont, que sería el principal beneficiado por la amnistía, retrasaron la tramitación de una ley que borraría los delitos de más de un millar de políticos y activistas catalanes. Y lo hacen porque no quieren dejar a nadie atrás, ha dicho en el parlamento la portavoz de Junts Miriam Nogueras, para justificar su repentino rechazo a una ley pactada que respaldaban hasta la semana pasada, publicó rfi.fr.
El cambio de opinión de los independentistas de Junts se debe a que los socialistas no aceptan que la amnistía beneficie a encausados por terrorismo, un delito que el controvertido juez español, Manuel García Castellón, pretende imputar a Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde 2017, por unas protestas violentas registradas en Barcelona en 2019, y de las que responsabiliza, a pesar de la distancia, al antiguo presidente del gobierno catalán.
La ley de amnistía volverá a votarse dentro de un mes en el parlamento. Ahora está por verse quién cede, si independentistas o el gobierno de Sánchez, en este pulso.
“Una humillación”
“La humillación es constante (…) Cada votación es un calvario” para Sánchez, fustigó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, conservador), primer partido de la oposición.
Junts, un aliado muy imprevisible, exigía a los socialistas que votaran a favor de unas enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones recientes de dos jueces que podrían impedir que la amnistía incluya a Puigdemont.
Ante la negativa de los socialistas, los siete diputados de Junts votaron en contra del proyecto de ley, que recibió 171 síes y 179 noes.
La ley tiene que garantizar que sea una “amnistía integral” que “no deje a nadie atrás”, advirtió antes de la votación desde la tribuna Míriam Nogueras, diputada de Junts.
Es “incomprensible que Junts haya votado en contra”, al igual que la derecha y la extrema derecha, quienes “quieren encarcelarlos e ilegalizarlos”, dijo de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien pidió al partido independentista “que reconsidere su posición”.
Esta amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo, esencial a la reelección de Sánchez.
De ser aprobada, la medida llevaría a los tribunales a retirar los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.(Fuente: rfi.fr)