Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Tras las designaciones de mandos militares, de manera particular de la Secretaría de Marina (Semar) en las direcciones de seguridad pública municipales, el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Administración Pública en Quintana Roo (Iapqroo), León Lizárraga Cubedo consideró que la falta de resultados en el combate a la inseguridad no se trata de personas sino a la falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad para combatir la delincuencia.
Manifestó que se ha vuelto costumbre que haya cambios constantes en el municipio de Benito Juárez y de los municipios importantes con perfiles vinculados a las fuerzas militares, de manera particular a la Semar, que manda la Federación, pero no se han visto resultados en materia de seguridad pública. No se trata de la designación de personas sino de la falta de estrategias efectivas para el combate de la inseguridad”.
Lizárraga Cubedo consideró que la militarización de las corporaciones policíacas no ha dado resultado ya que, además, ha fallado por la falta de empatía de las fuerzas castrenses con la ciudadanía.
Si de por sí hay una barrera de los policías con la ciudadanía, los militares no tienen competencia para trabajar, lograr la proximidad social y atender sus problemas.
Asimismo, el presidente del consejo de administración del Iapqroo manifestó que, de acuerdo con un diagnóstico realizado, hay fallas en la efectividad de las cámaras de vigilancia instaladas en el Estado.
Los gobiernos de Carlos Joaquín y Mara Lezama han invertido millonarias cantidades en programas de tecnología y equipamiento y la instalación de dos mil 500 cámaras en promedio, pero la gente se enfrenta al burocratismo al momento de reportar una emergencia al 911.
Dijo que, al cambio de administración, las nuevas autoridades se quejan de que la tecnología es obsoleta, que las cámaras no sirven y de que están en esquemas de arrendamiento, para no hablar de la poca efectividad.
Consideró que las autoridades de seguridad pública deben tomar en cuenta que más del 90 por ciento de la población cuenta con teléfonos celulares para mejorar la inmediatez de la respuesta “y no tener el ciudadano la necesidad de responder a una serie de preguntas por parte del personal del número de emergencia y cuando eso sucede ya ocurrió el hecho delictivo”. (Noticaribe)
