Por Eduardo Buendía | Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruyó que se investigue la caída en la detección y sanción de empresas fantasma, también conocidas como “factureras”, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior ocurrió después de que el 3 de marzo de 2024 un ciudadano identificado como Miguel Alfonso Meza presentó una denuncia contra Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT.
El argumento de la querella es “por abuso de funciones por acción u omisión, al haber impedido la detección, investigación y persecución de ‘empresas fantasma’”, se lee en el cuerpo del documento, el cual fue tramitado a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y se le asignó el folio 31651/2024.
En respuesta, el Órgano Interno de Control del SAT, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, acordó que se investigue la actuación de la funcionaria Domínguez y Ruiz “para el total esclarecimiento de los hechos materia de la presente indagatoria”. La notificación al denunciante se hizo mediante un oficio con fecha del 11 de marzo.
El 25 de enero pasado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde el inicio del gobierno de AMLO se desplomó la identificación de factureras.
Durante 2023, penúltimo año de la administración de López Obrador el SAT incluyó en su “lista negra” a 47 empresas fantasma. Dicha cifra representó una caída de 98 por ciento con respecto a 2018, último año del sexenio anterior, en el cual se detectaron 3,016.
La disminución en las sanciones a los contribuyentes factureros ha ocurrido a pesar de que este esquema se emplea para evadir impuestos, lavar dinero, e incluso para desviar recursos públicos como ocurrió con el fraude a Segalmex o en La Estafa Maestra.
Como producto de esas malas prácticas, para el ejercicio fiscal de 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación en el cual se incluyó el artículo 69-B. Esta legislación otorgó al SAT la atribución de investigar y sancionar a los emisores de facturas falsas.
De 2014 a 2018, periodo correspondiente a la administración federal anterior, se detectaron en total 6,466 empresas factureras. En contraste, de 2019 a 2023, los cinco años transcurridos del gobierno actual que encabeza López Obrador, se han detectado 4,331.
Dentro del SAT, autoridad encargada de investigar a las factureras, colaboran personajes del círculo más cercano a AMLO. Desde octubre de 2022, Antonio Martínez Dagnino es el titular de esa área. A este personaje se conoce por ser uno de los amigos de los hijos del presidente que ocupan cargos de dirección en el gobierno federal.
Rosalinda López Hernández, quien estuvo al frente de la Auditoría Fiscal Federal del SAT desde el inicio del sexenio de López Obrador hasta febrero, también es una figura muy cercana al mandatario, ya que es hermana de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y cónyuge de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. El mes pasado dejó su cargo en el Servicio de Administración Tributaria porque busca una candidatura al Senado por Morena en Tabasco. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)