CHETUMAL, MX.- Ampliar el tamaño de las viviendas de interés social es “un tema difícil”, pues obligar a hacerlo elevaría su costo, aseguró hoy Yohanet Torres Muñoz, diputada presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, dos años después de que se comprometiera a analizar la llamada “Ley Casitas” que redujo estas medidas a las actuales.
En entrevista, la legisladora del Partido Verde señaló que la próxima semana analizarán este tema, aunque de antemano consideró que incrementar el tamaño mínimo de una casa “afecta a otros sectores”.
“No podemos decidir dar una vivienda de más medida, cuando la gente no la va a poder adquirir: por eso estamos haciendo esos análisis”, expresó.
Fue en 2018 que la Ley de Acciones Urbanísticas fue modificada por iniciativa del diputado Juan Carlos Pereyra, para reducir el frente mínimo de una casa de interés social, de 7.20 a seis metros, tema que generó polémica en su momento. En la misma reforma, las casas de categoría media pasaron de 10 a 7.2 metros, y las residenciales de 12 a 8 metros.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó modificar esta ley, en otros puntos, por una invasión en las atribuciones municipales. Este tema no fue atendido por la Legislatura en turno, por lo que lo recibió la actual como pendiente en 2022. Cuestionada al respecto en ese momento, Yohanet Torres indicó que no descartaban también revisar las medidas mínimas pues “lo que sea en beneficio de los quintanarroenses” lo tendrán que trabajar.
La legisladora señaló hoy en entrevista que ya se efectuó una “primera gran reforma” (en 2023, en la que se atendió lo ordenado por la SCJN) y que la próxima semana iniciarán los trabajos para una “segunda gran reforma” en donde se verá el tema de las medidas.
TAMPOCO RENTAS
Por otro lado, cuestionada sobre el costo de las rentas, que se ha incrementado de forma sustantiva en algunas zonas del estado, Yohanet Torres comentó que como legisladores no pueden decidir sobre el costo de una renta.
“Entrar en ese tipo de polémicas es controversial”, dijo.
Sin embargo, la diputada añadió que su bancada ha propuesto que los propietarios de una vivienda deban de esperar tres meses de morosidad antes de iniciar un juicio de desalojo, en lugar de los dos meses que contempla la ley en la actualidad, en apoyo de quienes puedan quedarse sin empleo. (Agencia SIM)