NUEVO LEÓN, MX.- Con un análisis exprés de menos de 24 horas, por unanimidad, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntamente violar la Constitución y diversas leyes, publicó Milenio.
Con esto, se abrió el juicio contra García Sepúlveda y deberá informar por escrito o presencial a más tardar el jueves 22 de agosto a las 16:00 horas su informe de defensa, además de nombrar a un abogado que lo defienda.
Acusan a Samuel García de violar 18 artículos de la Constitución
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que únicamente iniciaron el juicio, pero no podrán aún determinar cuál es la sanción.
La denuncia presentada por PRI y PAN, indicó la comisión, tiene elementos de prueba, que una vez verificados, hacen presumir la existencia de las infracciones que contienen las fracciones VI y VII de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y la probable responsabilidad del denunciado en los siete hechos descritos en la denuncia y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
La denuncia de juicio político contra el gobernador Samuel García es por presuntamente violar al menos 18 artículos constitucionales y 5 artículos de leyes secundarias en 7 hechos presuntamente probados, principalmente por 7 resoluciones de la Suprema Corte y 3 resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.
¿Por qué se inició juicio contra Samuel García?
Annia Gomez y José Luis Garza, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente, presentaron un juicio bajo el argumento que el gobernador, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), el gobernador fue sentenciado por la Suprema Corte por no publicar el decreto de dicho órgano, pues la Corte determinó que el mandatario vulneró contra el Congreso el “principio de división de poderes en el grado más grave que es la subordinación, dentro de la controversia constitucional 272/2022”.
Respecto al caso de la no publicación en el POE, acusaron que el gobernador sigue violando la Constitución y subordinando al Congreso reiterando la misma conducta, señalaron que a la fecha no ha publicado al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos.
Esto es aparte de los 56 decretos denunciados en un juicio político ya en curso por la Comisión Jurisdiccional.
En el caso de vetos, indicaron, el gobernador ha vetado decisiones del Congreso, pues la Suprema Corte al desecharle varias controversias constitucionales (341/2023 y 262/2023) sobre los vetos advirtió al mandatario: “la intención del Poder Ejecu6vo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión (del ejecutivo de no publicar los decretos)” situación dolosa del Gobernador que identificó el Máximo Tribunal.
Respecto al caso del gobernador interino, dijeron que la Suprema Corte y la Sala Superior del TEPJF sentenciaron al gobernador removiendo a su secretario General de Gobierno, Javier Navarro, como interino, reconociendo la designación realizada por el Congreso. (controversias constitucionales 487/2023 y 488/2023 y SUP-JDC-536/2023 Y ACUMULADOS).
En el quinto caso enlistado, respecto al presupuesto, indicaron que el Gobernador ha incumplido con su deber constitucional por más de 8 meses de presentar el Proyecto de Egresos, pero no presentó el del 2023, ni 2024 y presuntamente eliminó los fondos municipales .
En cuanto al caso del uso indebido de recurso públicos, la Sala Superior del TEPJF sentenció al gobernador por realizar promoción personalizada, vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad y acreditar el uso indebido de recursos públicos durante su precampaña presidencial fallida.
Y por último, el uso de símbolos en propaganda electoral, la Sala Superior también advirtió al gobernador por usar simbolos religiosos prohibidos vulnerando el principio de laicidad-separación entre Estado e Iglesia-, en su precampaña presidencial fallida, calificando la conducta de grave.
Resuelto por las comisiones el juicio político y el Pleno, remitirán la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que funja como jurado de procedencia y tenga la decisión final de destitución o inhabilitación de García. (Fuente: Milenio)
