Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Éricka Contreras Pérez, madre de Lucía, denuncia violencia vicaria por parte de Mauricio N. quien fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán (Codhey), pues desde hace 25 días le ha impedido ver a su hija, por lo que hace un llamado a las autoridades para que atiendan este y otros casos de este delito.
La madre de familia compartió que en 2019 tuvo una hija con Mauricio, de quien por motivos legales se omiten los apellidos, pero después de ser víctima de violencia de varios tipos, decidió separarse.
Narró que incluso en el momento de la separación la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el Centro de Justicia para las Mujeres ordenó el retiro de ella y su hija del domicilio.
Sin embargo, desde la separación, Mauricio siempre la ha amenazado con que le quitaría a su Lucía, por lo que en agosto de 2023, Éricka acudió al Centro Regional Violeta de la Secretaría de las Mujeres para pedir ayuda psicológica y jurídica.
En enero de 2024 decidió interponer una denuncia ante la FGE por violencia vicaria, sobre todo por las constantes amenazas recibidas de la sustracción de la menor.
A pesar de la medida de prevención que tomó, el 3 de julio Mauricio mientras estaba en el tiempo acordado con su hija, decidió impedirle a Éricka volver a verla.
La madre de Lucía acudió el 8 de agosto al domicilio donde estaba su hija con el fin de verla, pero se le negó este derecho, y guardias de seguridad le impidieron el acceso.
Éricka ya presentó una demanda ante la FGE y en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino y aunque le han notificado a su ex pareja que se presente y devuelva a la menor, esto no ocurre hasta ahora.
El proceso ha seguido y 20 días después del 8 de agosto obtuvo un amparo para recuperar a su hija, pero al acudir al domicilio donde la recogerían, ya no estaba.
“Exijo a las autoridades que puedan ser parte de la protección de los derechos de mi hija, de nuestros derechos como mujeres, que actúen de manera eficaz, ética e inmediata para darnos una vida libre de violencia”, comentó.
La madre de familia pidió a los jueces que llevan estos casos que actúen con perspectiva de infancia y de género, ya que mayormente trabajan en procesos largos y tortuosos.
Al respecto, Gabriela Pérez, representante en Yucatán del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dijo que el caso de Éricka es uno más de cientos que hay en el estado.
Hasta ahora son 35 casos de este tipo que apoyan en Yucatán, pero denuncia que los procesos son tardados.
“Esta violencia es cada vez más recurrente y el único motivo que tiene es dañar a la mujeres en donde más le duele, con los hijos. O sea, si ya no pueden ejercer más daño o control sobre nosotras lo hacen a través de los hijos”, aseveró.
En este sentido pide a las autoridades competentes que traten con más atención y urgencia estos casos y evitar que sean procesos que implican meses o años en ser atendidos. (Noticaribe)
