TRAS DOS AÑOS DECLARA SCJN INCONSTITUCIONALES LAS REFORMAS A LA LEY PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Diputados de la XVI legislatura fueron omisos y no realizaron la consulta ciudadana a que los obliga la ley según queja interpuesta por la CNDH

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Debido a que la Décimo Sexta legislatura de Quintana Roo no realizó las consultas entre personas con discapacidad que permitan elaborar una ley que atienda sus necesidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró procedente la queja de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el decreto 216 mediante el cual se aprobaron reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación, la queja de inconstitucionalidad fue interpuesta por la CNDH el 21 de abril de 2022 por considerar que el Decreto 216 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, vulneró el derecho de las personas con discapacidad ya que la Decimo Sexta legislatura no realizó la debida consulta a la iniciativa presentada por el entonces diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar en su calidad de presidente de la comisión de Asuntos Municipales de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas, incluidos los que les afecten directamente, ya que para la expedición o adopción de cualquier iniciativa o reforma legislativa y política en materia de discapacidad, deben celebrarse consultas estrechas, públicas y adecuadas, garantizando la plena participación e inclusión efectiva de las mismas, señaló la publicación del Diario Oficial de la Federación .

Con esta declaración de inconstitucionalidad de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Acceso, la Decimo Octava legislatura dispone de 12 meses para que lleve a cabo la consulta a las personas con discapacidad y posteriormente, emita la regulación correspondiente. (Noticaribe)

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