Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- “Realicé una denuncia cuando comenzaron a suceder los hechos y mi carpeta fue catalogada como violencia familiar. Yo tardé en denunciar porque desconocía cuáles eran los procesos o los tipos de denuncia que existen”, relató Angélica.
Con el paso del tiempo reconoció que su caso incluso pudo haberse catalogado como posible feminicidio, pero para llegar a esta conclusión reconoció hasta mucho después el grado de violencia al que fue sometida
No obstante, con su caso distinguido como violencia familiar por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) , le tomó dos años el proceso de denuncia. Desde el día uno que decidió acusar formal y legalmente a su agresor , hasta el día que logró obtener el resarcimiento de los daños, tuvieron que pasar 730 días aproximadamente, mismos en los que tuvo que repetir una y otra vez su vivencia.
Tan sólo para la integración de la carpeta de investigación la FGE se tomó un año y en ese tiempo, Angélica tuvo que dar muchas vueltas y los gastos para los camiones, taxis y comidas para estar a tiempo en sus citas, salían de su bolsillo.
“Esta fue una de las cosas que me hacían pensar en desistir”, declaró, pero siguió con su proceso de denuncia por el aliento de familiares y amistades que la arroparon en el proceso.
Después que se terminó la integración de la carpeta, asistió a 10 sesiones de psicología forense y aquí fue la segunda parte en la que quiso abandonar su proceso de denuncia.
“Esta parte fue revictimizante, me preguntaron muchas cosas y luego me hacían repetirlas una y otra vez; te preguntan si estás consciente de las cosas que estás diciendo, si realmente pasó o no, cómo pasó y preguntan lo mismo otra vez y es como vivir ese maltrato otra vez”, describió.
En el camino vivió sucesos que le hacían dejar de creer en la justicia (si es que había una para ella), pues su agresor rompió la orden de restricción y no hubo mayor consecuencia, pues en la FGE le dijeron que no podían detenerlo por eso y sólo le recordaron que tenía prohibido acercarse a ella.
Llegó el punto en el que Angélica se sintió agotada tanto física, mental y emocionalmente y acordó con su abogado que buscaran una resolución que le beneficiara. Al final logró un pago por resarcimiento de los daños, él pagó una multa y le quedaron antecedentes penales.
Aunque los resultados del proceso a Angélica no le parecieron justos, acepta que si seguía para que hubiera mayores consecuencias su agresor, ella se quedaría sin fuerzas ante el sistema.
Acceso a la justicia: un calvario en Yucatán
La activista Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Nacional de Feminicidios en Yucatán, confirmó que el caso de Angélica es desafortunadamente el diario vivir de las personas que son víctimas de algún delito en el estado, considerado uno de los más seguros en el país; y la situación se agrava cuando es una mujer la que desea interponer una denuncia, pues pareciera que todo el sistema está en su contra.
“El principal obstáculo es en la FGE porque no hay jueces, no hay presupuesto para contratar más personal y esto genera también una falta de médicos y de psicólogas forenses por ejemplo”, denunció.
Además, si las personas desean denunciar el maltrato e ineficaz atención que reciben por parte de personal de la FGE, tienen que hacerlo ante la FGE.
Salas Salazar considera que la ciudadanía no termina de tener confianza en las autoridades y esto se refleja en Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, pues 63.6% de la población de 18 años y más en Yucatán considera que los jueces son corruptos.
La situación de desconfianza lleva a que las personas víctimas de cualquier delito no quieran denunciar porque creen que no pasará nada y que las personas agresoras no tendrán ni un castigo, mientras que los procesos de denuncia son largos y costosos.
Municipios es donde menos llega la justicia
Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia para las Mujeres A.C. especificó como paradójico que cada vez se reducen más las denuncias en México, cuando al mismo tiempo la violencia, en especial hacia las mujeres, va en aumento.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) marca como media nacional que 7 de cada 10 mujeres viven violencia, pero en el caso de las mujeres mayas yucatecas hay un diagnóstico realizado por el Centro Integral para el Desarrollo Indígena que da cuenta que son 8 de cada 10 las que sufren violencia.
“Las mujeres no buscan apoyo porque no tienen información sobre cómo y dónde denunciar o donde solicitar apoyo y se debe al incumplimiento de las instituciones como la Fiscalía (FGE), los Poderes Judiciales, Policías, DIF municipales, Centro de Justicia para las mujeres y otros que no cumplen con la obligación de promover los derechos que tienen las personas y los servicios que ofrecen”, resaltó.
Otro problema que observa es que la mayoría de las instituciones están en Mérida o en municipios con mayor urbanización, así que el resto de la población no tiene acceso a información sobre cómo pedir justicia al ser víctima de un delito.
Sobre la denuncia, Fátima Gamboa expuso que cuando se acercan las personas ante el Ministerio Público se vuelve una situación compleja, complicada, tardada y termina siendo un tanto compleja.
De acuerdo con la Envipe 2024, en Yucatán sólo el 9.5% de los delitos se denuncian y de esos, sólo el 7% de los casos logra que se inicie una carpeta de investigación.
Con estos datos, habría que analizar el discurso de las autoridades estatales cuando anuncian que Yucatán es el estado más seguro, seguro porque los delitos son considerados de bajo impacto o porque no hay denuncias hechas por la ciudadanía. (Noticaribe)