Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la eliminación, por parte de la mayoría de Morena, Verde Ecologista de México, PT, PAN y PRI en la Décimo Octava legislatura, del requisito de ser quintanarroense para ocupar una dirección en la administración pública estatal, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez calificó la determinación como un agravio para los quintanarroenses ya que dijo que es lamentable que se les quite la posibilidad de dirigir el destino de una empresa o en el gobierno.
Dijo que, sin un análisis, a propuesta de la fracción parlamentaria de Morena, se modificó el articulo 28 de la Ley de Entidades Públicas y paraestatales para eliminar ese requisito “y ahora simplemente con ser mexicano puede ser director general. Señaló que votó en contra de esta medida y que se organizarán para evitar que continúen sucediendo este tipo de situaciones.
Cabe señalar que la eliminación del requisito de ser quintanarroense para ocupar un cargo en la administración pública fue incorporada dentro de una propuesta para escribir con lenguaje inclusivo los cargos de los funcionarios en la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en la Ley de Movilidad para señalar que puede ser run hombre o una mujer quien ocupe el cargo.
En el caso de la primera ley, se modificó el artículo 28 para que diga: “El nombramiento de la persona titular de la Dirección General deberá recaer en personas que reúnan los siguientes requisitos: I. Ser persona ciudadana mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos”.
Y en el caso de la Ley de Movilidad, se modificó el artículo 21 para colocar el mismo requisito, de ser persona ciudadana mexicana, en pleno goce de sus derechos políticos.
En ambos casos, se eliminó del texto el requisito de ser quintanarroense, que aparecía de la siguiente manera:
Además, con la reforma aprobada, los organismos descentralizados y órganos autónomos, estarán bajo la supervisión de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien evaluará y recomendará cuáles deben seguir y cuáles deben ser fusionadas o extinguidas y otorga la facultad al Ejecutivo de evaluar a las entidades paraestatales y órganos descentralizados, para que de acuerdo a una evaluación proponga la desaparición o integración de dos o más organismos públicos, con el fin de ser más eficientes. (Noticaribe)