Por: Cecilia Abreu, Itzel Chan, Juan Manuel Contreras y Abraham Bote
Yucatán tiene una historia progresista: por ejemplo, fue en ese estado en donde se organizó el Primer Congreso Feminista en 1916, no solo del país, sino de Latinoamérica. También fue de los primeros en México en reconocer el voto de las mujeres y su participación política en 1923. Además, es considerada una de las entidades más seguras de México.
A pesar de ello, actualmente Yucatán oculta una realidad compleja, obstaculizando el acceso al matrimonio para la comunidad LGBT+, que las mujeres aborten de forma segura, legal y gratuita y el derecho a la adopción homoparental. Tampoco le ha dado reconocimiento a las infancias trans.
Esta investigación que concentra datos, así como testimonios de activistas e integrantes de la comunidad LGBT+ revela las secuelas de la lucha que duró más de una década para la aprobación del matrimonio igualitario: discursos de odio, hostigamiento, discriminación y un impacto profundo en la salud mental de las personas afectadas.
Discriminación, una constante en contra de la comunidad LGBT+
Para comprender la situación de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la comunidad LGBT+ en Yucatán, Pablo de los Cobos Alcalá, encargado de la gestión de datos en Visible, una plataforma de Amicus, organización civil que trabaja en defensa de la población de la diversidad sexual, comparte la siguiente información que han recabado desde su creación en 2018 con el fin de documentar los actos de violencia y discriminación contra este segmento de la población en México:
Por ejemplo, aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) muestra que la incidencia delictiva en la entidad es 9 veces menor al obtenido a nivel nacional, desde 2018 hasta mayo del 2024, la plataforma Visible ha registrado 62 reportes de violencia y discriminación contra la comunidad LGBT+, principalmente en la capital Mérida, con 50 casos; y otros nueve municipios, destacando agresiones verbales, psicológicas y negación de derechos; la mayoría se ha registrado en espacios privados.
Las víctimas son personas lesbianas y gays, de entre 26 años a 50 años. El reporte incluye también tres asesinatos de personas LGBT+, ocurridos durante 2022. Aunque la mayoría de los agresores no están identificados, el informe indica que algunos de ellos son servidores públicos o familiares.
El Informe hecho por la plataforma Visible 2022, revela que las instituciones de Yucatán no respondieron a ninguna de las solicitudes de información realizadas en el marco del análisis sobre derechos de las personas LGBT+.
Ese año, Visible envió peticiones a 17 instituciones en cada uno de los 32 estados del país, abarcando tres dimensiones críticas: recolección de información sobre orientación sexual o identidad de género, capacitación del personal en trato igualitario y sin discriminación hacia personas LGBT+, y la existencia de políticas laborales que aseguren igualdad y no discriminación para empleados de la comunidad de la diversidad sexual.
Uno de los mayores obstáculos para la garantía de los derechos de las personas que se identifican con alguna de las siglas del movimiento LGBT+ en Yucatán es la falta de información y transparencia. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), por ejemplo, respondió a una solicitud de transparencia indicando que no cuentan con información sobre casos de discriminación hacia esta comunidad, lo que contrasta con los reportes de la plataforma Visible.
Además, el Consejo Municipal contra la Discriminación y la Diversidad de Mérida, al que también se solicitó información, alegó la inexistencia de la información respecto a campañas de sensibilización, eventos, políticas públicas y recursos desde 2018 hasta 2024.
También el Gobierno del Estado ha demostrado resistencia a la asignación de un presupuesto específico para la creación de políticas públicas que protejan y apoyen a este grupo. César Briceño Castro, representante del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) narra que en 2023, con la asesoría de Amicus, ganaron una demanda de amparo a través de la cual se exigió al Gobierno del Estado de Yucatán la asignación de un presupuesto etiquetado para la comunidad LGBT+.
Esto significa que el cuerpo legislativo debía reajustar el presupuesto ese mismo año —que era de 493 millones 750 mil pesos— y destinar un porcentaje a acordar para esta comunidad, sin embargo, no ocurrió. A pesar de la sentencia favorable para la comunidad, el Gobierno de Yucatán permaneció en desacato incluso en 2024, pues este año volvieron a aprobar la Ley de Egresos sin incluir una asignación específica para acciones en favor de la comunidad a pesar de la orden judicial.
Una demanda de amparo igual fue promovida en el año 2022 en Guanajuato por Amicus, organización que brindó al CPTFY asesoría para replicar la estrategia en Yucatán. En ese estado, el gobierno local se reunió con activistas LGBT+ para discutir cómo distribuir el presupuesto y cuánto se necesitaba. En Yucatán, en cambio, a la fecha no ha habido tal acercamiento ni disposición para cumplir con las obligaciones legales que se les han señalado.
Briceño Castro también destaca la falta de organismos específicos en Yucatán para fomentar la diversidad sexual y luchar contra la discriminación. “A nivel nacional, existen organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero Yucatán no tiene un organismo además de la Codhey en donde se puedan atender estos problemas”, critica.
De acuerdo con información del Conapred, obtenida a través de una solicitud de transparencia en México, entre 2019 y el 15 de julio de 2024 ha habido 198 quejas de discriminación contra personas de la comunidad LGBT+. Este número incluye actos discriminatorios cometidos tanto por individuos particulares como por diversas instituciones, empresas e instancias gubernamentales.
La lista de las personas presuntamente responsables de estos actos discriminatorios es extensa y variada, abarcando desde empresas privadas hasta instituciones públicas y organizaciones civiles. Entre las entidades señaladas se encuentran:
En particular, la comunidad trans enfrenta diversas problemáticas, especialmente para quienes se identifican como personas trans desde la infancia. Aunque este 2024, después de una década, se aprobó la Ley de Identidad de Género en Yucatán, que implica la modificación de la documentación oficial para que sea acorde a su género, esta no considera a personas no binarias y mucho menos a infancias trans.
Yucatán forma parte de los 19 estados que aún no cuenta con una ley que otorgue dicho reconocimiento a estas infancias, el cual implicaría reconocer el género con el que se identifican, tanto en su acta de nacimiento, como en documentos escolares. Para este tema, tampoco existe una iniciativa o diálogos sobre la mesa en el Congreso de Yucatán.
La activista Amaranta Gómez Regalado, de la Coalición Mexicana LGBTTTI+, recuerda que es obligación de la próxima legislatura —que ya inicia — abordarlo y tomarlo en serio, pero sobre todo tomando en cuenta a las infancias, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 7 de cada 10 personas se da cuenta de que su forma de ser o actuar no corresponde a su sexo de nacimiento desde los 7 años, o antes.
“En estados como Oaxaca la ley reconoce a las infancias trans a partir de los 12 años, pero mientras tanto deben pasar toda su primaria, por ejemplo, con un nombre y una identidad que no le corresponde; y ni hablar en Yucatán, en donde este tema aún no se contempla”, comparte Gómez Regalado.
Leonardo Burgos, activista trans y director de la agrupación Azul TRANSparente considera urgente que este tema se aborde desde la legislación, tomando en cuenta que no hay un proyecto de ley actual al respecto. En su caso, al reconocerse transgénero desde temprana edad, todo el apoyo que ha recibido vino únicamente de su mamá, quien también integra la asociación. Fuera de eso, ha sido víctima de discriminación en espacios educativos y de trabajo durante toda su vida.
Además del reconocimiento de las infancias trans, Dafne Aguilar, mejor conocida como “Muñeca” y presidenta del colectivo Comando Trans Interseccional, considera que hacen falta más oportunidades laborales para las personas trans en Yucatán.
De acuerdo a un estudio del Conapred, en México el 21.1% de la población trans cuenta con estudios de posgrado, pero únicamente el 5% ejerce alguna profesión: uno de cada cinco personas trans trabajan en el sector informal o se autoemplean.
Según el informe, casi 7 de cada 10 personas de la población trans sufre discriminación, hostigamiento o discriminación laboral. Pero en Yucatán no existe una investigación que permita conocer la situación laboral de las personas trangénero.
“Vivimos en un sistema que nos desampara, uno en el que no nos permiten desarrollarnos, ni estudiar, ni laborar como todas las personas”, comparte Muñeca.
En su caso, se dedica al trabajo sexual y al activismo. Desde estos ámbitos trata de dignificar lo que realiza y por eso, exige constantemente que existan espacios en los que las personas trans sean tratadas en igualdad de condiciones que las personas cisgénero.
Ante ello, también otros colectivos como YucaTrans, dirigido por Abigail Trillo Herrera, han promovido en el Congreso del Estado una ley que garantice que se destine el 2% de los espacios laborales a las personas trans, ya que actualmente no les contratan; o les exigen que se vistan de acuerdo a su género asignado al nacer.
Trillo Herrera señala que parte de la exigencia es que se empiece por los sectores gubernamentales, ya que hay empresas privadas que apenas comienzan con esta iniciativa, pero es necesario que existan leyes que obliguen a que en todos los espacios laborales se brinde garantía y oportunidad de desarrollo a estas poblaciones.
“Muchas veces, ante la falta de oportunidades, nos relegan al estilismo o al trabajo sexual, pero no son los únicos campos posibles, tenemos capacidades intelectuales que deben ser tomadas en cuenta”, asevera.
Las activistas coinciden en que a nivel nacional se observa mayor presencia de personas trans en ámbitos académicos, artísticos, ambientales y científicos, pero en Yucatán, advierten, aún queda camino por recorrer. Datos publicados por el Inegi publicados en 2022, revelan que en México existe casi un millón de personas trans, de los cuales sólo 486 mil 617 eran económicamente activas.
No obstante, países como Argentina y Uruguay ya cuentan con normativas que obligan a la administración pública a incluir a personas trans en sus espacios laborales.
Mientras tanto, aunque las acciones por parte de las autoridades locales son nulas, las trabajadoras sexuales trans luchan por demostrar su capacidad para desenvolverse en ámbitos artísticos y culturales, incluso han creado una obra llamada Nuevas Aventureras, que se puso en escena por última vez el 30 de agosto del 2024, como muestra de la apropiación de espacios que les han sido negados históricamente.
Yucatán ha tenido legisladores antiaborto
En Yucatán, la primera iniciativa por la despenalización del aborto —al menos en los últimos 5 años— fue presentada el 15 de diciembre de 2021 por la diputada local Alejandra de los Ángeles Novelo Segura, esta fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales poco más de un mes después, el 31 de enero de 2022 y distribuida para el proceso de dictamen el 9 de febrero del mismo año; sin embargo, no ha avanzado desde entonces.
Kelly Ramírez Alpuche, fundadora de la asociación civil Igualdad Sustantiva Yucatán (ISY) considera que desde que la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Novelo Segura, presentó la iniciativa “hubo una falta de socialización de la misma”.
Desde entonces, en diciembre del 2021, prosigue, no ha habido acciones por la despenalización del aborto en la legislación estatal. Lo que sí ocurrió fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 7 de septiembre de 2023, señaló que no puede penalizarse la interrupción del embarazo en México, lo que implica que el Congreso del Estado debe actualizar la normatividad local.
“Hay una incongruencia jurídica en Yucatán en cuanto a lo estatal y lo federal; y lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia es precisamente que los Códigos Penales Estatales puedan en algún momento estar en la misma cuestión jurídica que lo federal. Entonces sí hay un retroceso en cuanto al acceso a los derechos en el Código Penal de Yucatán al no hacer absolutamente nada en cuestión del aborto y, en general, por la salud de las mujeres”, menciona la activista.
Destaca que la sociedad sigue sin conocer por completo en qué consiste la iniciativa de ley que propuso la diputada y enfatiza en que sería importante, especialmente para organizaciones y personas con interés en el tema.
“La misma diputada también ‘metió’ una propuesta para realizar un parlamento abierto el 1 de diciembre de 2022; y desde eso realmente no se ha realizado. También quedó en palabras”, lamenta.
Por todo esto, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva (SHSSR), acompañada por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) y Abortistas Mx, interpusieron en Yucatán un amparo contra los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto voluntario, mismo que fue analizado por la Primera Sala de la SCJN el pasado 21 de agosto de 2024.
La sentencia de la SCJN determinó que las normas que criminalizan el aborto voluntario en Yucatán también impiden que la asociación civil SHSSR cumpla con su objeto social de brindar servicios a las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar que lo requieran. Con base en precedentes sobre los Códigos Penales de Aguascalientes y el Federal, se ordenó al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario, sin embargo, el Congreso yucateco no da una respuesta al respecto y tampoco el avance en la iniciativa propuesta desde 2021.
Además, Ramírez Alpuche informa que el mes de marzo de este año se cerró el programa nacional por el aborto seguro “Tú Decides” en la Clínica de la Mujer del Hospital General Agustín O’horán, en Mérida, hospital al cual canalizaban casos de aborto desde ISY para que las usuarias tuvieran acceso al medicamento sin costo y atención médica durante el procedimiento.
A pesar de que ISY y acompañantes de aborto denuncian que ya no reciben apoyo de este programa, a través de una solicitud de transparencia la dirección del Hospital General Agustín O’Horán sostuvo que sí realizan acciones de colaboración con asociaciones civiles y activistas para la atención a usuarias, pero no otorgaron nombres de los grupos y tampoco el número de atenciones.
“Tú Decides” fue un programa instaurado en 2020 como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) del gobierno federal.
En 2023 llegaron a tener entre 800 y 900 interrupciones del embarazo a través del programa. De hecho, fue precisamente ISY quien difundió el programa “Tú Decides”, pero ahora cuando envían a las usuarias, les dicen que el programa está suspendido.
Incluso personal del hospital, cuenta la representante de ISY, les comentó que las autoridades locales no difunden información sobre el programa para “comprobar” que no había suficientes usuarias interesadas en ese servicio. Como consecuencia, la agrupación tiene una alta demanda en su programa interno de aborto seguro, tanto que actualmente un promedio de 20 mujeres las contactan cada semana; y cuando el programa estaba activo, recibían alrededor de 10 solicitudes para el acompañamiento, ya que unas acudían al hospital por su cuenta.
Por otro lado, la Dirección del Hospital General Agustín O’Horán, mediante los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) informa por una solicitud de transparencia que el componente de “aborto seguro” en 2024 cuenta con un presupuesto federal de 237 mil 950 pesos, no solamente para Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sino para cualquier tipo de aborto (voluntario o espontáneo).
Con esta misma solicitud, la SSY justifica “es importante recalcar que en el estado de Yucatán según el capítulo VI del Código Penal del Estado de Yucatán no es legal, sin embargo, se realizan procedimientos de aborto seguro”.
En la misma solicitud realizada, indican que siguen el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México en el Hospital General Agustí O’Horán y en el Hospital General de Valladolid. Mientras que “el resto de los hospitales se han declarado con personal objetor de conciencia”, es decir, con profesionistas médicos que por decisión propia deciden no realizar el procedimiento médico para interrumpir el aborto.
Esta situación ha provocado que las 29 acompañantes en Yucatán sean insuficientes para atender a todas las usuarias que les piden apoyo, requiriendo canalizar a algunas con otras colectivas. Además, han tenido que encontrar otras formas de cubrir los costos de los medicamentos (Misoprostol), mientras que antes el hospital público se los proveía de manera gratuita.
“Aceptamos donaciones, pero también tenemos un stock que se gasta y tenemos que solicitar al siguiente mes, entonces un tiempo nos quedamos sin medicamento. Ha sido una situación que ha precarizado bastante el acceso al aborto en Yucatán”, dice Ramírez Alpuche.
Apenas en el 2021 la interrupción del embarazo en Yucatán todavía tenía un tinte de clandestinidad debido a la falta de regulación de la misma, pero ahora se puede informar sobre el aborto seguro incluso en redes sociales, por lo que considera que la declaratoria de la SCJN ha cambiado el estigma y la información disponible.
“En Yucatán, a pesar de que exista esta legislación (federal) nos hemos encontrado con muchas dificultades con el personal de salud porque la mayoría son objetores de conciencia”, declara.
La Codhey indica que ha recibido 15 quejas por violencia obstétrica, mismas que están relacionadas con el embarazo o la interrupción del mismo.
En Yucatán, todos los hospitales (excepto dos) se han declarado objetores de conciencia, es decir, que no realizan abortos por sus creencias, opiniones, entre otros motivos. Ramírez Alpuche señala que el personal que sea objetor de conciencia debería brindar información o redirigir con otra persona del hospital, sin embargo, no lo hacen e incluso les dicen a las usuarias que es ilegal el procedimiento y, desde su visión, esto las hace sentir en clandestinidad aunque no es así.
Ecosig: una práctica violenta e ilegal
Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig) ya están prohibidos en Yucatán. Sin embargo, de la aprobación en el Congreso, a la publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, transcurrieron dos años, tiempo en el que la comunidad LGBT+ continuó desprotegida ante estas prácticas conocidas comúnmente como “terapias de conversión”.
Los lugares en donde se practican son en sí mismos violentos por pretender cambiar la orientación sexual de las personas y en ellos se ejercen violencias físicas y verbales.
La iniciativa para prohibir estas prácticas fue propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en mayo de 2021 y a ella se sumaron las exdiputadas del partido Movimiento Ciudadano (MC) Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, quienes finalmente la promovieron e impulsaron. En agosto de ese año, Yucatán se convirtió en el cuarto estado en México en prohibir los Ecosig, pero fue hasta el 8 de septiembre de 2023 que el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, publicó la ley en el Diario Oficial del Estado, lo que marcó el inicio de su vigencia.
Romero Bastarrachea advierte que no es una situación normal que una iniciativa aprobada por el Congreso tarde dos años en publicarse. El período normal, precisa, es la publicación 15 días después de la aprobación.
Los Ecosig son prácticas ya calificadas por las Naciones Unidas como tortura psicológica; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica que consisten en sesiones, métodos o tratamientos que tienen por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, electrochoques o privaciones de la libertad que atenten contra la dignidad humana.
La Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBT+ en México, elaborada por The Trevor Project en colaboración con investigadores independientes, organizaciones de la sociedad civil y con la aprobación de un Comité de Revisión Institucional independiente en los Estados Unidos, reporta que una de cada tres juventudes de esta comunidad intentó suicidarse en 2023 como consecuencia de dichos esfuerzos por “curarles”, pues no existe nada patológico en la diversidad de las orientaciones sexuales o en las identidades de género transgénero o no binarias.
La legislación yucateca actualmente señala que los esfuerzos para “corregir” la identidad de género y orientación sexual tendrán una sanción de uno a tres años de prisión; y de 100 a 200 días de multa a quien obligue, permita, consienta o aplique los Ecosig. Las sanciones ascienden al doble cuando se trate de víctimas menores de edad y quienes participen sean los padres, tutores, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. Aumenta una mitad más cuando las víctimas se encuentren privadas de su libertad o en cualquier situación vulnerable.
“Aquí ha habido muchas resistencias de grupos religiosos y resistentes a los cambios en general, más por desconocimiento de en qué consiste lo que se propone, que por la iniciativa misma. Los diputados y diputadas que legislan estos temas vienen de diferentes puntos del estado, con diferentes condiciones de educación y religiones. Empiezan a aprender del tema y cuando lograron sensibilizarse, termina el período y volvemos a empezar”, condena la exdiputada Romero Bastarrachea.
La exdiputada Romero enfatiza que entre la sociedad es importante la opinión de los sacerdotes en las misas diciéndole a cientos de personas qué es lo bueno y lo malo, es decir, pesa la iglesia como institución, tanto que el gobierno tiene un departamento de Asuntos Religiosos porque definitivamente tiene una relación estrecha con ellos y su opinión influye en temas políticos.
“Ahora habrá que ver qué es lo que sigue una vez que ya es ley: cuánta gente va a denunciar a sus padres, cuántas clínicas van a aparecer, quién va a imputar a otros por haber llevado una ‘terapia’ de conversión a una persona. Ese es el siguiente paso, revisar que la ley realmente se ponga en práctica”, expresa.
Lucha para legalizar el matrimonio igualitario duró más de una década
El matrimonio igualitario en el país fue aprobado por primera vez en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2009; pero fue hasta casi 13 años después que en Yucatán también se aprobó, convirtiéndose el 25 de agosto de 2021 en el estado número 22 de 32 en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Al respecto, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora de Unasse, destaca los desafíos que vivieron para aprobar el matrimonio igualitario en el estado. Desde 2008, comenzaron a trabajar en el respeto a los derechos de las parejas homosexuales, considerando pactos de solidaridad civil o el matrimonio igualitario.
La primera iniciativa popular precisamente la presentó Unasse, en 2009. Sin embargo, la agrupación Red Pro Yucatán (que agrupa a varias organizaciones, entre ellas Salvemos las Dos Vidas y el Comedor de la Virgen del Árbol y personas que comparten una visión conservadora y religiosa sobre temas como el aborto y los derechos de la comunidad LGBT+) , al enterarse, promovió una iniciativa ciudadana para definir que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, juntando las firmas necesarias para que esta fuera discutida en el Congreso yucateco y dejara a un lado la que impulsaba la agrupación.
En el Congreso del Estado yucateco, dos votaciones ocurrieron —ilegalmente— de manera “secreta”, es decir, la ciudadanía desconocía quién de las y los legisladores votó a favor y quién en contra del matrimonio igualitario en Yucatán; estas votaciones fueron criticadas por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT+, ya que la falta de transparencia impedía la rendición de cuentas en materia legislativa.
La negativa a este derecho era tal que las actas de matrimonio de parejas del mismo sexo se registraban en libros separados en el Registro Civil. En 2012, una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue rechazada; y en 2014 el CPTFY presentó una demanda por omisión legislativa contra el Congreso de Yucatán. Aunque el fallo inicial fue favorable, el Tribunal Constitucional votó en contra.
Esto llevó al CPTFY a interponer amparos que llegaron hasta la SCJN, quien dio razón al colectivo, dictaminó que Yucatán tenía que votar nuevamente y la sociedad debía conocer las votaciones de las y los legisladores, fue así que el estado llegó a la aprobación del matrimonio igualitario el 25 de agosto de 2021, con 20 votos a favor y 5 en contra para modificar la Constitución local y el Código de Familia.
Antes de que el matrimonio igualitario fuera una realidad en Yucatán, Unasse y otras organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT+ comenzaron a interponer amparos logrando que en agosto de ese año ocurriera el primer matrimonio homosexual entre Javier y Ricardo. Esto abrió la puerta para que más parejas recurrieran a este recurso jurídico, dado que el Congreso local se negaba a legislar a favor de estos derechos.
Hace 11 años, cuando Javier y Ricardo se convirtieron en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio, fueron blanco de comentarios homofóbicos y amenazas. Dadas las circunstancias expuestas en este reportaje, se puede afirmar que al día de hoy, a Yucatán le resta camino por recorrer en materia de garantía de derechos para la comunidad LGBT+, pues persisten sectores de la sociedad que aún expresan descontento ante las victorias del colectivo. Yucatán tiene una deuda con una gran parte de su población.
Créditos: Cecilia Abreu, Abraham Bote Tun, Itzel Chan y Juan Manuel Contreras.
Este reportaje fue financiado por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).