YUCATÁN | De cada 10 loros destinados al tráfico ilegal, 8 mueren en el proceso

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Por Itzel Chan
Fotos: María Campos

MÉRIDA, MX.- Yucatán, Campeche y Quintana Roo concentran 8 de las 22 especies de loros que hay en México y todas están en alguna categoría de riesgo, siendo el tráfico ilegal una de las principales amenazas.

Cuando hablamos de tráfico ilegal, se trata de ejemplares que son escondidos en cajas, latas, envueltos en plástico u otras formas que tratan de disimular el traslado.

En este proceso, rescatistas de loros cuentan con un registro que de cada 10 ejemplares que se trafican 8 son los que mueren en el proceso, principalmente por asfixia y los otros dos que sobreviven cuentan igual con pocas probabilidades de vida porque a donde llegan, la dieta y los cuidados no les ayudan mucho.

José Pierre Medina Arjona, presidente de Proyecto Santa María, agrupación que se dedica al rescate y conservación de loros en la Península de Yucatán, lamentó que el problema del tráfico ilegal de estas especies no sea un asunto exclusivo de un solo estado, sino que realmente en todo el país se identifica la misma problemática.

“Ya sea que hay quienes los venden para tener dinero extra y hay familias que los compran porque creen que son mascotas y hay otros que los compran por colección”, describió.

Aunque las leyes mexicanas indican que son 9 años de cárcel para quien comercie un loro, José Pierre mencionó que es poco probable que estos instrumentos de sanción inhiban el delito, pues la venta de los loros y pericos sigue impune a todas luces, a tal grado que se encuentran páginas en redes sociales en donde se promociona la venta.

“La ley es tan rígida que no se puede aplicar porque eso implicaría aplicársela a la tía, a la abuelita y a todos quienes tienen loros, no nos queda más que generar conciencia para que la gente deje de comprar porque así los vendedores dejarán de vender”, explicó.

En Proyecto Santa María reciben loros rescatados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otros. (Noticaribe)

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