Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la política gubernamental de prosperidad compartida que manejan los gobiernos federal y estatal para contrarrestar los índices de pobreza que se registran en la actualidad, el Observatorio Legislativo advirtió la necesidad de generar indicadores puntuales para medir el impacto de las acciones de gobierno y que no quede simplemente como una frase para atender el número de pobres que aumentó a raíz de la pandemia por el Covid19.
Es necesario que la frase prosperidad compartida no quede solo en el discurso y se realicen acciones que permitan cumplir con los objetivos “porque los factores humanos de corrupción política, inseguridad y estructuras electorales clientelares y el uso del poder de gobierno para hacer negocios personales” no permiten avanzar con los objetivos, señaló.
Ante las definiciones que maneja el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas sobre el término, el observatorio consideró necesario que las autoridades tomen en cuenta el número de personas que dejan el umbral de pobreza extrema y de pobreza y se insertan en una nueva clase media como uno de los indicadores para medir el cumplimiento de esa frase de prosperidad compartida “ya que la reducción de la desigualdad es importante para poder tener oportunidades y movilidad social en el futuro, señaló.
En el caso de Quintana Roo, el Observatorio Legislativo señaló que, de acuerdo con datos del INEGI y el Coneval, hay 172 mil personas en pobreza extrema y más de 800 mil pobres que representan el 44.8 por ciento de la población lo que contrasta con los 474 mil 800 (27.6 por ciento) en el 2018.
El Observatorio Legislativo señaló que la lucha contra la pobreza para alcanzar esa prosperidad compartida debe medirse a través de la generación de más empleos, mejora en la asignación salarial, participación efectiva de los trabajadores en la generación de utilidades y una fuerte política para impulsar el emprendimiento de manera formal “considerando la eliminación de los factores que impiden en el estado la creación de empresas que tienen una carga burocrática que obstaculiza el emprendimiento, adicional a la falta de posibilidades de financiamiento de largo plazo además de considerar la corrupción, que sigue siendo un elemento presente en los gobiernos municipales y estatal”.
Por último, Observador Legislativo hizo hincapié en que, además, se requiere de una política pública de largo alcance y estructura funcional para atender los problemas de seguridad social y de salud y no solo las alimentarias. (Noticaribe)
