CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre forzado de una cantera de piedra caliza propiedad de una empresa estadounidense en Yucatán ha encendido las alarmas entre inversionistas y puesto bajo escrutinio la relación comercial bilateral entre México y Estados Unidos, advirtió hoy el periódico Financial Times.
En un reporte especial de su corresponsal Christine Murray, el influyente diario financiero recordó que la controversia, iniciada bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora representa un reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, planteando interrogantes sobre su postura hacia el sector privado y el estado de derecho en el país.
La cantera, operada por la empresa Vulcan Materials, con sede en Alabama, desde la década de 1980, fue clausurada por López Obrador en 2022. Posteriormente, el terreno fue declarado área natural protegida durante los últimos días de su gobierno. López Obrador justificó la acción acusando a la empresa de causar una “catástrofe ambiental.” Vulcan, por su parte, calificó la medida como una “expropiación de facto” y busca justicia tanto en el panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial como en los tribunales mexicanos.
La presidenta Sheinbaum ha respaldado la decisión de su antecesor, afirmando que el cierre no constituye una expropiación, sino una acción para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el caso ha intensificado las preocupaciones sobre la certeza jurídica para los inversionistas en México, especialmente considerando que Sheinbaum ha continuado con algunas de las políticas de López Obrador, como fortalecer las empresas energéticas estatales y realizar cambios en los procesos judiciales.
La cantera, que abarca 2,400 hectáreas cerca de Cancún, se ha convertido en un punto crítico en los debates sobre conservación ambiental y desarrollo económico. El sitio está ubicado cerca del proyecto insignia de López Obrador, el Tren Maya, una línea ferroviaria de 30 mil millones de dólares destinada a impulsar el turismo, pero criticada por su impacto ambiental. Mientras el gobierno afirma que Vulcan excedió los límites de sus permisos y dañó la zona, la empresa sostiene que cumplió con las normativas ambientales y fue reconocida por administraciones previas.
Críticos, incluidos legisladores estadounidenses y grupos empresariales, advierten que el conflicto podría disuadir la inversión extranjera. Vulcan ha acusado al gobierno mexicano de socavar el estado de derecho y de utilizar su infraestructura portuaria sin compensación. Por su parte, ambientalistas locales se muestran escépticos sobre el compromiso del gobierno con la conservación, dado el nivel de deforestación causado por el Tren Maya.
Este caso se desarrolla en un contexto de cambios en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, incluida la revisión del acuerdo comercial T-MEC en 2026 y la llegada al poder del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras México enfrenta estos desafíos, los analistas señalan que la resolución del caso de Vulcan podría ser una prueba clave para evaluar el clima de inversión y la transparencia legal en el país. (Con información del Financial Times)
Como siempre tomando el lado de los extranjeros ecocidas saqueadores que quieren perjudicar a Mexico, sea Vulkan o Aguakan, siempre contra el pueblo felicidades.