Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras confirmar que por el momento las mesas de trabajo con el gobierno del Estado se encuentran detenidas sin un motivo aparente, el representante jurídico de los grupos de motociclistas que se han opuesto al uso de chalecos y cascos rotulados, Juan Carlos Encalada, insistió en la solicitud de que el artículo 218 Bis sea derogado.
Confirmó que el contenido de dicho artículo se encuentra vigente, aunque no puede ser aplicado porque los ayuntamientos no han homologado sus reglamentos de tránsito, aun cuando ya venció el plazo de 60 días establecido en los transitorios, y tampoco se ha elaborado el programa mediante el cual el Instituto de Movilidad dotaría de chalecos y engomados a los motociclistas.
Recordó que, durante los últimos meses, se han hecho reuniones de trabajo en el C5 de Cancún sin que se hayan logrado acuerdos sobre todo porque el gobierno se ha negado a la derogación o por lo menos la reforma al artículo 218 Bis “y por el contrario ha hecho la propuesta para que sea aplicado a los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje a lo que nos hemos opuesto pues se afectaría a quienes utilizan este medio de transporte para la movilización de sus familias o una actividad económica como moto repartidores”.
Hemos insistido en la derogación del articulo porque es de aplicación general en el estado y al estar contemplada en la ley de movilidad en cualquier momento puede entrar en vigor y afectar a los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje”.
Juan Carlos Encalada confirmó que hasta el momento poco más de mil amparos se han interpuesto contra la ley de movilidad, los cuales fueron admitidos y en algunos se ha logrado la suspensión provisional de los actos reclamados mientras se llega al análisis de fondo de la queja.
Dijo que el gobierno del Estado ha interpuesto sus recursos pero que han sido rechazados y han quedado firmes los amparos de suspensión provisional para el uso de chalecos y casos rotulados en tanto se llega al análisis de fondo del asunto en los juzgados.
Estamos a la espera de las fechas de las audiencias, pero se han retrasado porque las once presidencias municipales, el Congreso del Estado, el poder judicial, el poder ejecutivo no han rendido sus informes circunstanciados “y de manera particular los ayuntamientos han rechazado la demanda porque dicen que no tienen injerencia ya que no han armonizado sus reglamentos de tránsito, a pesar de que ya venció el plazo de 60 días que establecieron los transitorios”, explicó.
Juan Carlos Encalada reiteró que hasta el momento no hay fecha para reiniciar las mesas de diálogo “pero la propuesta de solución está en el escritorio de la secretaria de Gobierno”. Incluso se le propuso a la titular, Cristina Torres, que la gobernadora Mara Lezama ejerza su poder de veto a la iniciativa sin que hasta el momento hayan tenido una respuesta. (Noticaribe)