Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó el distintivo Indicación Geográfica Protegida Chicle Maya Quintana Roo y Campeche, integrantes del consorcio chiclero solicitaron a las autoridades del gobierno estatal y federal intervenir para agilizar trámites -que se han vuelto burocráticos ante la SEMARNAT -y que sea un organismo civil local la instancia certificadora y no gente foránea que desconoce las necesidades de los productores de chicle.
En conferencia de prensa, después de recibir la documentación de manos del titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo y de la gobernadora, Mara Lezama, consideró necesario que las autoridades den preferencia a los integrantes del consorcio chiclero para que promuevan la integración de esta instancia certificadora “y que no se le ocurra al gobierno iniciar un proceso abierto para que llegue gente foránea que desconoce los intereses de los productores y la actividad de quienes producen el chicle”.
Acompañado de Manuel Aldrete, responsable de la empresa Chicza, detalló que la imagen del consorcio ya se encuentra registrada, después de esperar varios sexenios, y que ahora solo están a la espera de la integración de la empresa certificadora “para que nadie diga que produce chicle natural sin tenerlo”.
El representante del consorcio chiclero lamentó que, en estos momentos, la Semarnat como autoridad responsable de otorgar los permisos, sea una instancia burocrática “ya que realizar los trámites se ha vuelto una tortura pues le dan el mismo tratamiento a la expedición de permisos para la extracción de madera que a la extracción de chicle”.
Es increíble la cantidad de trabas que enfrentan los chicleros y los recursos que deben pagar para los estudios de impacto ambiental y de extracción por el hecho de que la Semarnat anunció, en sus reglas internas, que todos los permisos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre cuando la actividad se realiza de octubre a febrero, explicó.
Señaló que la excesiva tramitología impide cumplir con la demanda comercial que se tiene con los mercados de Japón y Alemania ya que en estos momentos no llegan al 15 por ciento de la capacidad de producción.
En la actualidad, Quintana Roo tiene declaradas 500 mil hectáreas productivas de las cuales hay 4 millones de árboles que se recuperan en un plazo de entre 4 y 6 años “aunque hay la capacidad de producir 600 toneladas de chicle después de la pandemia apenas estamos al 30 o 40 por ciento de la capacidad”. Esto ha ocasionado que muchos productores abandonen la actividad porque no hay recursos para pagar la realización de los estudios solicitados por la Semarnat. (Noticaribe)
